Bruselas propone aclarar las responsabilidades de cada administración ante crisis climáticas como la DANA de Valencia

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta legislativa para obligar a los Estados miembro a identificar qué administraciones son responsables de gestionar los riesgos derivados del cambio climático, con el objetivo de evitar disputas sobre el reparto de competencias ante catástrofes naturales, como por ejemplo la DANA que devastó Valencia en octubre de 2024.

Esta medida forma parte del nuevo Marco Europeo de Resiliencia Climática, una iniciativa más amplia con la que Bruselas pretende que los países se preparen para las consecuencias del calentamiento global y se anticipen a fenómenos extremos como las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y las olas de calor, incorporando estos riesgos a la planificación de sus economías, infraestructuras y servicios públicos.

Entre estas novedades destaca la obligación de identificar a los "responsables de la gestión de los riesgos climáticos" en cada ámbito de actuación, de manera que quede "claro y transparente" qué autoridades públicas deben asumir estas tareas en los distintos niveles de gobierno y sectores económicos, desde la agricultura y el transporte hasta la energía o la sanidad.

"Lo que no queremos es ver en la tele a políticos señalándose con el dedo y diciendo que el otro es el responsable", ha afirmado el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, durante una rueda de prensa en Bruselas, en la que junto a la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de que "los gobiernos sean claros y transparentes sobre quién es responsable de la gestión de los riesgos climáticos".

Preguntados por el caso concreto de Valencia y por cómo garantizar que las autoridades nacionales y regionales incorporen los riesgos climáticos a sus decisiones sobre infraestructuras públicas, los responsables comunitarios han defendido la necesidad de establecer un reparto claro de responsabilidades, si bien han reconocido que no existen garantías absolutas para evitar futuras catástrofes.

RESPONSABLES CLARAMENTE IDENTIFICADOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

En su respuesta, Ribera ha reclamado un enfoque "mucho más responsable" por parte de quienes ostentan "responsabilidades institucionales", al tiempo que ha insistido en la importancia de destinar recursos a los sistemas de alerta temprana y a preparar a los ciudadanos para responder ante situaciones de emergencia.

"En Valencia y en cualquier otro lugar de Europa y del mundo", ha defendido la comisaria española, es necesario mejorar la capacidad de anticipación, comunicación y respuesta ante los fenómenos climáticos extremos, así como incorporar los riesgos derivados del calentamiento global a las decisiones políticas.

En este sentido, ha defendido la importancia de "identificar claramente quién es responsable de hacer qué", puesto que "puede haber distintos elementos en la cadena de actuación política que deban tenerse en cuenta", por lo que cada responsable debe estar "claramente identificado ante la opinión pública", también en lo que respecta a "quién debe comunicar qué hay que hacer".

Sobre cómo garantizar que las autoridades nacionales y regionales tengan en cuenta los riesgos climáticos en sus políticas, Ribera ha reconocido que imponer objetivos obligatorios y concretos de adaptación resulta "más complicado", puesto que los impactos climáticos varían considerablemente entre territorios.

Por ello, Ribera ha explicado que Bruselas apuesta por proporcionar a los Estados miembro herramientas para identificar sus vulnerabilidades, preparar las medidas de adaptación más adecuadas a cada territorio y hacer un seguimiento de sus avances a través del Semestre Europeo.

FIJAR LAS RESPONSABILIDADES POR LEY

Por su parte, Hoekstra ha admitido que "no hay ninguna garantía absoluta" de que las medidas eviten nuevas catástrofes, pero ha defendido que establecer claramente las responsabilidades en las legislaciones nacionales puede tener un impacto significativo.

"Cuando algo así queda por escrito en las leyes nacionales, resulta mucho más difícil, especialmente en nuestros sistemas democráticos, simplemente ignorarlo", ha asegurado el comisario, quien se ha mostrado convencido de que esta obligación tendrá "un efecto muy, muy significativo".

UN PLAN NACIONAL PARA PREVENIR LOS RIESGOS CLIMÁTICOS

Más allá del reparto de responsabilidades entre administraciones, este nuevo Marco Europeo de Resiliencia Climática contempla que cada Estado miembro elabore un "único plan estratégico nacional de resiliencia climática" con el objetivo de "simplificar" las obligaciones administrativas, mejorar la "coherencia" entre las políticas nacionales y garantizar una respuesta más coordinada frente a los efectos del calentamiento global.

Asimismo, la Comisión propone reforzar las evaluaciones periódicas de riesgos climáticos para garantizar que los análisis nacionales y europeos sean "comparables, estén sincronizados y sean coherentes", con el objetivo de identificar vulnerabilidades compartidas, especialmente en infraestructuras críticas, redes energéticas, sistemas de transporte y cadenas de suministro que atraviesan las fronteras nacionales.

Para ello, la nueva legislación comunitario establecerá una "trayectoria de referencia común" basada en las previsiones científicas actuales, que apuntan a un calentamiento global de 1,5 grados en 2030, de 2 grados en 2050 y de 3 grados a finales de siglo, respecto a los niveles preindustriales.

Esta trayectoria, según ha explicado la Comisión, servirá como "hipótesis de referencia" para que las autoridades tengan en cuenta las condiciones climáticas futuras a la hora de diseñar sus políticas e inversiones, en lugar de seguir planificando únicamente sobre la base de "las condiciones del pasado".

70.000 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Esta planificación para adaptar las infraestructuras, los edificios, los ecosistemas y la economía europea a las futuras condiciones climáticas tendrá un coste. Según las estimaciones de la Comisión, las futuras condiciones climáticas requerirá inversiones de aproximadamente 70.000 millones de euros anuales, aunque el nuevo marco no contempla una dotación presupuestaria adicional específica.

Ese dinero será para evitar pérdidas aún mayores, ya que los fenómenos meteorológicos extremos provocaron pérdidas económicas estimadas en unos 200.000 millones de euros en la Unión Europea entre 2022 y 2025, una media de 50.000 millones anuales, según los datos del Ejecutivo comunitario.

"Algunos dirán que la resiliencia es costosa pero la verdadera pregunta que se plantea es cuál es el coste real de estar no preparado, de estar y el calor y la sequía de este verano podrían costar a Europa unos 180.000 millones de euros, un 1% de toda la economía europea", ha enumerado Ribera durante la rueda de prensa.

En la vida real, ha proseguido la comisaria española, ello implica "alrededor de 400 euros para cada europeo", además de agricultores que ven cómo "sus cosechas no prosperan", centrales eléctricas que se detienen "no por falta de combustible, sino por falta de agua" y trabajadores que "se desmayan o incluso fallecen" por las temperaturas extremas.

Para movilizar los recursos necesarios para llevar a cabo este plan, la Comisión apuesta por aprovechar los instrumentos de financiación europeos existentes y los previstos en el próximo presupuesto comunitario para 2028-2034, además del compromiso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de destinar al menos 30.000 millones de euros a financiar proyectos de adaptación climática entre 2026 y 2030.