
La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de un procedimiento de infracción contra los 27 Estados miembro por no haber incorporado plenamente a sus legislaciones las nuevas normas europeas para reducir la contaminación generada por fábricas, instalaciones industriales y explotaciones ganaderas, que los países debían aplicar antes del pasado 1 de julio.
El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a cada uno de los países, que disponen ahora de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, completar la incorporación de la directiva a sus respectivas legislaciones y comunicar las medidas adoptadas.
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Si las respuestas no satisfacen a los servicios comunitarios, Bruselas podrá avanzar a la segunda fase del procedimiento mediante el envío de un dictamen motivado, un nuevo paso antes de decidir si lleva el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El retraso afecta en este caso a la totalidad de los Veintisiete, ya que ningún Estado miembro comunicó dentro del plazo la aplicación completa de la normativa, que endurece las obligaciones para reducir la contaminación procedente de las actividades industriales y ganaderas, limita el uso de sustancias químicas peligrosas y amplía el número de instalaciones sometidas a estas reglas.
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Además, la normativa refuerza los derechos de los ciudadanos y permite reclamar indemnizaciones por daños a la salud provocados por contaminación ilegal, actualizando así las reglas que la UE aplica desde 2010 a más de 50.000 instalaciones industriales para limitar su impacto sobre las personas y el medio ambiente mediante el uso de las mejores técnicas disponibles.
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