La Fiscalía imputa al exministro del Interior José Serrano por el asesinato del candidato Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador ha imputado a última hora de este sábado a siete presuntos autores intelectuales del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, entre ellos el exministro del Interior José Serrano y el excongresista Ronny Aleaga, ambos vinculados al expresidente Rafael Correa.

Junto a Serrano y Aleaga también han sido imputados formalmente tres cabecillas del cártel de Los Lobos, entre ellos su líder, Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', detenido en noviembre de 2025 en Málaga (España). También aparecen en el pliego de cargos otros dos destacados miembros de la organización criminal: Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis'; y Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor'.

De acuerdo con la Fiscalía, Serrano habría entregado información "sensible" a la banda criminal sobre los movimientos de Villavicencio, mientras que Aleaga habría coordinado acciones logísticas para concretar el asesinato. Serrano se encuentra en Estados Unidos mientras que el exdiputado Ronny Aleaga está en Venezuela. El último imputado es el empresario Xavier Jordán, residente también en el país norteamericano.

La Fiscalía General ha solicitado notificaciones rojas de Interpol para la captura y extradición de todos los imputados que estén fuera de las fronteras ecuatorianas.

La fiscal Ana Hidalgo señaló que la investigación identificó elementos relacionados con un supuesto plan posterior para obstaculizar el esclarecimiento del asesinato. Según la Fiscalía, los involucrados habrían elaborado versiones judiciales y estrategias de comunicación destinadas a dificultar las investigaciones.

La Fiscalía acusó a los procesados como autores mediatos (intelectuales), bajo el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que establece penas de 26 a 30 años cuando concurren circunstancias agravantes vinculadas con la víctima o el contexto del crimen.

El atentado contra la vida de Villavicencio, a tan solo once días de las elecciones, puso de manifiesto el grave problema de seguridad en el que Ecuador había caído en los últimos tiempos, después de haber sido considerado uno de los países más seguros de la región durante las dos primeras décadas del año 2000.