Detonan explosivo en unidad judicial del sur de Ecuador y Judicatura pide mayor protección

Guayaquil (Ecuador), 27 jul (EFE).- El Consejo de la Judicatura de Ecuador informó este lunes que ha pedido a la Policía que adopte las medidas necesarias para reforzar la protección de los funcionarios que trabajan en una unidad judicial de la ciudad de Machala, capital de la sureña provincia de El Oro, fronteriza con Perú, en donde la noche de este domingo sujetos detonaron un explosivo.

El órgano de administración de la Función Judicial del país andino condenó enérgicamente el atentado que se produjo contra la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Machala, que había sido inaugurada semanas atrás.

De acuerdo a la institución, sujetos aún no identificados llegaron hasta la dependencia judicial y dejaron un artefacto que posteriormente explotó.

El ataque no dejó personas heridas ni fallecidas, pero sí afectó parte de la fachada principal del edificio, especialmente la puerta de ingreso, que quedó destruida.

Como medida preventiva, la Judicatura dispuso que los funcionarios realicen teletrabajo, mientras se evalúan las condiciones de seguridad del inmueble.

Las autoridades también exhortaron a la Fiscalía a que realice las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Tras el atentado, los investigadores encontraron panfletos con amenazas dirigidas contra tres jueces, en los que presuntos integrantes del grupo Los Lobos Espejo exigían la liberación de un hombre, de acuerdo a medios locales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino, que cerró 2025 con un récord de 9.283 homicidios.

Esos actos de violencia han incluido asesinatos a jueces y fiscales y también atentados con explosivos en contra de cuarteles y unidades judiciales en varias partes del país y, hace casi un mes, a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en Quito. EFE