Jueza del CPI sancionada por EEUU demanda ante la justicia: Queremos pelear esta impunidad

Madrid, 25 jun (EFE).- La jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) Solomy Balungi Bossa, sancionada por Estados Unidos, ha demandado ante una corte de Nueva York la decisión de la Administración de Donald Trump por la que ella y sus colegas sienten persecución: "Tratamos de pelear esta impunidad".

"No sabemos si tendremos éxito o no, pero al menos queremos que se recuerde que tratamos de pelear esta impunidad", dijo Bossa (Uganda, 1956), en un acto celebrado en Madrid, sobre la demanda que ha presentado contra las sanciones de EE.UU. junto a dos colegas de la CPI, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Kimberly Post (Canadá).

Estas magistradas afirman que las sanciones de EE.UU .son ilegales porque "constituyen un ataque personal contra los jueces y su independencia", y piensan que van en contra de la Constitución de Estados Unidos y que se oponen al derecho internacional.

La jueza ugandesa lo detalló en un debate en el Ateneo de Madrid sobre las sanciones impuestas contra jueces y fiscales de la CPI y sus consecuencias.

Justo hace un año, en junio de 2025, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sancionó a Bossa y a Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou; Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú); y Beti Hohler (Eslovenia) por ser "individuos" que "participaron en los esfuerzos" de la CPI "para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos" países.

El departamento de Rubio también señaló, sobre Bossa y su colega peruana, que dictaminaron autorizar la investigación de la CPI contra el personal estadounidense en Afganistán.

Bossa mostró su sorpresa porque mediaron varios años entre esa autorización y la sanción impuesta por EE.UU., y, al evidenciar que hubo más jueces que tomaron la decisión ("por unanimidad"), consideró que detrás de la penalización contra ella e Ibáñez Carranza hubo discriminación por ser dos mujeres y, además, nacidas en el llamado sur global.

La jueza ugandesa también habló del "shock inicial" tras saber que iba a ser sancionada y se detuvo en las implicaciones en su vida cotidiana: cuentas bancarias bloqueadas y negociaciones con las entidades; imposibilidad de comunicarse a través de plataformas extendidas mundialmente...

"Es una vida difícil", resumió Bossa, que siente que ella y sus colegas han sido "perseguidos" y se ha preguntado por qué han de pagar ese precio.

En el acto de este jueves también participaron el exmagistrado español Baltasar Garzón; el exministro de Justicia español (2004-2007) y actual eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y Liubba El Hadi Hamed, coordinadora del movimiento Eumans.

Precisamente ese movimiento, junto a No Peace Without Justice y la Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC), organiza una campaña para que la Comisión Europea (CE) active el Estatuto de Bloqueo -herramienta para dejar sin efecto normas de terceros países- para proteger a las personas y organizaciones afectadas por sanciones extraterritoriales.

Liubba El Hadi Hamed, que censuró que la CE no se avenga a activar esa herramienta, explicó que la campaña también busca respaldar la candidatura de la CPI para el Premio Nobel de la Paz para, así, blindar su "posición" en el "convulso tiempo que nos acontece".

Por su parte, el eurodiputado López Aguilar dijo que las sanciones "arbitrarias e injustas" suponen una "muerte civil" para los destinatarios, mientras que Baltasar Garzón consideró que hay 'lawfare' (instrumentalización de la justicia) tras las sanciones de EE.UU. contra miembros de la CPI.

 Creada a través del Estatuto de Roma, la CPI tiene la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, pero países clave como EE.UU., China, Rusia o Israel no son miembros del tribunal y no reconocen su jurisdicción. EFE