Las condiciones de los migrantes detenidos bajo la lupa en Trinidad y Tobago

Elena Varisca

Puerto España, 24 jun (EFE).- La situación en el Centro de Detención de Inmigrantes de Trinidad y Tobago preocupa a las organizaciones de apoyo a migrantes debido al acceso limitado a los detenidos, en su mayoría venezolanos, cuyo número podría aumentar ya que las autoridades están revisando sus medidas de control migratorio.

Estas preocupaciones se exacerbaron a raíz de que el ministro trinitense de Seguridad Nacional, Roger Alexander, anunciara cambios en las políticas migratorias, incluyendo una reducción de las llamadas Órdenes de Supervisión, que permiten a algunos migrantes indocumentados vivir en libertad y presentarse periódicamente ante las autoridades, en vez de estar recluidos.

Andreina Briceño Ventura-Brown, fundadora y directora del Centro Cultural Hispano La Casita, declaró a EFE que su organización solía realizar visitas periódicas al Centro de Detención de Inmigrantes (IDC, por sus siglas en inglés) para ofrecer asesoramiento, donaciones y referencias para asistencia legal y humanitaria.

"El acceso se ha visto significativamente restringido y ahora solo podemos solicitar visitas en casos especiales, mientras seguimos recibiendo llamadas de detenidos que solicitan apoyo e intervención", afirmó Briceño Ventura-Brown.

La activista argumentó que una mayor transparencia y un acceso periódico para las organizaciones de la sociedad civil contribuirían a fortalecer la rendición de cuentas e identificar áreas que requieren mejoras.

El IDC alberga a migrantes indocumentados que esperan deportación, audiencias de inmigración o verificación de nacionalidad, de los cuales aproximadamente el 90 % son venezolanos, aunque también hay detenidos de Cuba, Jamaica y Guyana.

Fue diseñado para albergar a 150 detenidos -115 hombres y 35 mujeres-, pero defensores de los migrantes denuncian que su población ha superado los 200 durante oleadas migratorias anteriores.

El exempleado del IDC Earl Stevenson Grant reveló a EFE que las instalaciones requerían mejoras significativas cuando él trabajaba allí en 2021, incluyendo en la ventilación, el alojamiento y los servicios de alimentación.

Otras fuentes familiarizadas con el funcionamiento del lugar indicaron que las condiciones han mejorado en algunos aspectos, como la calidad de la comida, pero que persisten problemas con la ventilación, el deterioro de las tuberías, el saneamiento y el hacinamiento.

En respuesta a las quejas, el ministro de Seguridad Nacional dijo a EFE que el Gobierno está trabajando "en las mejoras necesarias para que todos los trabajadores se sientan cómodos, y que las personas detenidas también gocen de un nivel de comodidad adecuado".

Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine, declaró a EFE que cualquier aumento en la detención de migrantes podría ejercer una presión adicional sobre las instalaciones del IDC.

"Las organizaciones de derechos humanos han denunciado los graves problemas relacionados con las condiciones operativas y de vida en el IDC. En el pasado, se han producido detenciones prolongadas, y esto no puede continuar", señaló.

Según un informe de 2021 del Centro Caribeño para los Derechos Humanos y la Coalición Internacional contra la Detención, los migrantes en Trinidad y Tobago han pasado en ocasiones meses o años detenidos porque las autoridades no pudieron verificar su nacionalidad ni obtener documentos de viaje.

Todo esto se puede agravar si las autoridades finalmente reducen las Órdenes de Supervisión ya que, según criticó el ministro Alexander, muchos beneficiarios no cumplen con los requisitos de notificación y desaparecen antes de que se completen los trámites de deportación.

Alexander explicó, además, que se aprobará legislación para modificar las políticas de deportación con el fin de imponer penas de prisión a los migrantes deportados que posteriormente reingresen ilegalmente a Trinidad y Tobago.

Ante este endurecimiento de las políticas, los grupos de defensa de los derechos humanos exigen garantías para asegurar que el aumento de la vigilancia no provoque detenciones prolongadas ni el empeoramiento de las condiciones de los detenidos. EFE

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