La orden de arresto de la CPI dificulta que la UE acoja negociaciones directas con Putin

Imane Rachidi

La Haya, 25 jun (EFE).- Cualquier país europeo que reciba en su territorio al presidente ruso, Vladímir Putin, para unas eventuales negociaciones de paz sobre Ucrania estaría obligado a detenerlo y entregarlo a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que complica cualquier intento de acoger conversaciones directas con el líder ruso en la Unión Europea (UE), advierte la institución judicial.

Ahora que algunos gobiernos europeos exploran vías diplomáticas para una futura negociación de paz con Moscú y el Kremlin insiste en la necesidad de retomar el diálogo con Europa, la CPI recuerda que la orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania limita las opciones de cualquier Estado miembro que aspire a acoger esas conversaciones.

"Los Estados parte tienen la obligación legal de ejecutar las órdenes de arresto de la CPI. (…) Esta obligación se aplica independientemente del cargo oficial del sospechoso", señaló a EFE una portavoz del tribunal al referirse a una decisión de los jueces sobre la posibilidad de celebrar negociaciones de paz con la participación de una persona reclamada por la Corte.

La Sala de Cuestiones Preliminares I respondió este mes a la consulta de un país miembro sobre las obligaciones que tendría si organizara conversaciones de paz en las que participara Putin.

Aunque la versión pública del documento mantiene censurada la identidad de la nación que planteó la consulta, la decisión tiene implicaciones para los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma, el tratado de la CPI, incluidos todos los países de la UE.

Los jueces recordaron que los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a cualquier persona reclamada por el tribunal, incluso cuando se trate de un jefe de Estado o de Gobierno en ejercicio y aunque proceda de un país que no es miembro de la CPI, como es el caso de Rusia.

La pregunta se hizo a la Corte en pleno debate en Europa sobre la conveniencia de abrir canales de diálogo directo con Moscú para explorar una salida negociada a la guerra en Ucrania, y después de que el equipo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuviera contactos con el Kremlin para explorar vías de diálogo.

Mientras algunos dirigentes europeos defienden mantener abiertos canales de comunicación con Moscú y explorar cauces diplomáticos para una futura negociación, otros ven prematuro cualquier acercamiento que pueda interpretarse como una normalización de las relaciones con Rusia mientras continúe la guerra en Ucrania.

Austria y Suiza se han ofrecido públicamente en distintas ocasiones para albergar posibles conversaciones de paz.

Moscú, por su parte, ha dejado la puerta abierta a reanudar "en cualquier momento" las conversaciones con Ucrania, suspendidas desde febrero, y reiterado sus exigencias sobre el reconocimiento de los territorios que se ha anexionado.

La CPI deja claro, sin embargo, que la mera celebración de conversaciones de paz no constituye una razón suficiente para suspender una orden de arresto.

Para los magistrados de la institución, el único mecanismo expresamente previsto en el Estatuto de Roma para suspender actuaciones judiciales es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptada bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU.

La Sala sí dejó abierta una posibilidad limitada: si una persona reclamada por la CPI participa en calidad oficial en una conferencia de paz convocada formalmente por la ONU en territorio europeo, la Corte podría tenerlo en cuenta al evaluar la actuación del Estado anfitrión.

Pero ningún país puede decidir unilateralmente dejar de ejecutar una orden de arresto, advirtió.

Preguntada por EFE sobre el alcance de la decisión, la portavoz de la CPI evitó ofrecer interpretaciones adicionales.

"La Sala indicó que cualquier posible interacción entre las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma y otras obligaciones internacionales tendría que evaluarse a la luz de las circunstancias específicas de cada caso", señaló.

En 2024, Putin visitó Mongolia, país miembro de la CPI, sin ser detenido y el tribunal reprendió a su Gobierno por incumplir sus obligaciones de entregar al líder ruso.

La situación contrasta con la de la mayoría de los países de Asia Central, que no forman parte de la CPI, entre ellos Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán.

La orden de arresto añade una dificultad adicional a cualquier iniciativa europea para acoger negociaciones directas con Putin, precisamente en un momento en que el debate sobre la conveniencia de dialogar con Moscú sigue dividiendo a los Veintisiete. EFE