Uxía Pérez
Bangkok, 22 may (EFE).- El juicio político contra la vicepresidenta filipina, Sara Duterte, y la creciente presión sobre el senador Ronald 'Bato' dela Rosa para ser entregado a La Haya han vuelto a poner de manifiesto las profundas tensiones que atraviesan la convulsa política filipina, reflejando la lucha de poder entre los poderosos clanes políticos de los Duterte y los Marcos.
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El Senado filipino comenzó esta semana los preparativos para el juicio político contra Sara Duterte, previsto para el 6 de julio, después de que los miembros de la Cámara juraran como jueces-senadores para dar comienzo al proceso contra la vicepresidenta, acusada de corrupción y abuso de poder.
Aunque el caso lleva gestándose desde 2023, la tensión se ha intensificado en las últimas dos semanas, tras la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y estrecho aliado del expresidente Rodrigo Duterte, actualmente detenido en La Haya a la espera de juicio.
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Para evitar correr la misma suerte, Dela Rosa se atrincheró durante tres días en el Senado la semana pasada y, tras un sospechoso tiroteo en la Cámara, huyó del recinto para permanecer en paradero desconocido e intentar eludir la orden de arresto internacional.
La CPI lo acusa de ser presunto "coautor indirecto" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la sangrienta campaña antinarcóticos de Duterte, en la que fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, cifra que oenegés elevan hasta 30.000.
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Este episodio ha vuelto a situar en el centro del debate el legado político de Duterte y el papel de su familia en la actual crisis institucional, marcada por el resentimiento hacia el actual presidente, el hijo del exdictador Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., a quien acusan de haber facilitado la entrega del exmandatario a La Haya en marzo de 2025.
Sara Duterte, primogénita de Rodrigo, fue elegida vicepresidenta en las elecciones de 2022, a las que concurrió en tándem con el actual presidente, pero la alianza se deterioró rápido y alcanzó su punto más critico en 2024, cuando la número dos del Gobierno afirmó públicamente haber ordenado matar a Marcos si ella misma era asesinada.
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La disputa entre ambas dinastías está ahora marcada por las elecciones presidenciales de 2028, en las que el actual equilibrio de poder podría ser alterado, después de que Sara Duterte anunciara en febrero su intención de presentarse a los comicios.
"La rivalidad entre estas dos facciones se está intensificando, especialmente ahora que la campaña de 2028 está a la vuelta de la esquina. Marcos aislará aún más a la vicepresidenta para perjudicar su carrera presidencial, porque no le conviene que sea su sucesora", explicó a EFE Julius Cesar Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales.
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A pesar de que la ruptura parece irreversible, la falta por el momento de órdenes claras para ejecutar la orden de arresto contra Dela Rosa ha alimentado dudas sobre las verdaderas intenciones de Marcos, que podría estar calculando las ventajas e inconvenientes políticos de hacerlo.
"Para Marcos, la salida de Bato del país sería conveniente, ya que impediría que participara tanto en el juicio político en el Senado como en otras investigaciones parlamentarias", opina el analista.
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El juicio político contra Sara Duterte llega al Senado tras meses de disputas y maniobras parlamentarias. Aunque el proceso podría apartarla definitivamente de la carrera presidencial de 2028, los aliados del clan Duterte mantienen todavía suficiente influencia en la Cámara como para dificultar la destitución.
La número dos del Gobierno sigue siendo una de las figuras con mayor respaldo popular del país y la principal apuesta de su dinastía para recuperar el control del Ejecutivo, ya que el juicio político en su contra no parece, por el momento, tener posibilidades de prosperar.
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En paralelo, Marcos intenta reforzar su posición política y "compensar el daño a su reputación causado por los escándalos de corrupción relacionados con las inundaciones durante su mandato", según Trajano.
El presidente se vio salpicado por un escándalo de malversación de fondos millonarios destinados al control de inundaciones, un caso que provocó multitudinarias protestas en el país y que derivó en destituciones y procesos judiciales contra altos funcionarios de su Gobierno.
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Mientras se intensifican las rivalidades de los clanes filipinos, el país afronta una creciente crisis económica y de abastecimiento agravada por el impacto del conflicto en Oriente Medio. EFE
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