Gobernador de Sinaloa se une a la lista de políticos señalados por EEUU por narcotráfico

Ciudad de México, 1 may (EFE).- La investigación de la justicia estadounidense al gobernador de Sinaloa (oeste), Rubén Rocha Moya, por su supuesta vinculación con el Cartel de Sinaloa no es algo nuevo y ajeno a la política mexicana, pues otros altos funcionarios han sido señalados formalmente en el país vecino por narcotráfico e incluso algunos fueron condenados a penas de prisión.

El reciente señalamiento de EE.UU contra el gobernador oficialista sinaloense, a quien acusan de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de enormes cantidades de droga y aceptar sobornos del crimen organizado, se suma a otras investigaciones o acusaciones similares a otros políticos mexicanos de alto nivel.

A continuación, un repaso de los casos más relevantes:

Exgobernador del estado de Quintana Roo (este) del año 1993 al 1999, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) por su relación con el Cartel de Juárez, razón por la cual fue extraditado a Estados Unidos en 2010 para ser juzgado por lavado de dinero en una corte federal.

Antes pasó una estancia en prisión en México y, en Nueva York, fue condenado a 131 meses de cárcel por conspirar para blanquear millones de dólares en pagos de sobornos del narcotráfico.

Investigado por la DEA durante años, Yarrington fue gobernador de Tamaulipas (noreste) cinco años (1999- 2004) por el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo custodia de Estados Unidos desde 2018 tras su detención en Italia, hace cinco años se declaró culpable de aceptar sobornos como gobernador, aunque se desestimaron los cargos por narcotráfico tras llegar a un acuerdo. Ahora está en México preso por delitos contra la salud en favor del crimen organizado.

Exgobernador de Nayarit (occidente) entre 2011 y 2018, actualmente se encuentra en prisión en México y, anteriormente, fue acusado por la primera administración del presidente estadounidense, Donald Trump, (2017-2021) de recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información.

Por ello, Estados Unidos le prohibió ingresar al país y el Departamento del Tesoro le colocó en su lista negra por vínculos con los carteles mexicanos.

Militar de carrera y secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía estadounidense le acusó de producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana mientras formaba parte del Ejecutivo mexicano.

Nunca fue juzgado porque, en 2020, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el cual se retiraban los cargos y el militar era llevado a su país para que fueran ellos los que lo investigaran. A día de hoy está en libertad por falta de pruebas.

Fue el caso más relevante en este sentido, al haber sido secretario federal de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), siendo el político de mayor rango condenado en el país vecino por vínculos con el crimen organizado.

El antiguo encargado de la seguridad pública de México fue condenado en 2024 a 38 años de cárcel en Estados Unidos por colaborar con el Cartel de Sinaloa. Al leer la sentencia, el juez le acusó de estar en una "empresa criminal" y de tener una "manera de pensar muy similar" a la del capo del narcotráfico Joaquín Chapo Guzmán.

Por último, el caso conocido esta semana que afecta al gobernador de Sinaloa, cargo que desempeña desde 2021, y otros nueve funcionarios del estado, a quienes se les vincula presuntamente de colaborar con la facción Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, para el tráfico de grandes cantidades de droga a EEUU.

Los acusados negaron categóricamente estos hechos, en un caso que ha provocado un sismo político en México y ha vuelto a abrir el debate de la relación entre el narcotráfico con representantes públicos. EFE

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