Editora de diarios en Ecuador denuncia presunto "intento de amedrentamiento" del Gobierno

Quito, 11 abr (EFE).- Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los periódicos Expreso y Extra, dos de los más importantes de Ecuador, y que en febrero fue intervenida por la Superintenencia de Compañías, denunció un presunto "nuevo intento de amedrentamiento" por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, para "doblegar la línea editorial", que ha sido crítica a la actual administración.

En un comunicado publicado en Expreso, Granasa alerta a la ciudadanía sobre un eventual intento del Gobierno Nacional, a través de la Fiscalía General del Estado, de adueñarse del 40 % de acciones de la empresa.

Ya en febrero pasado, Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Granasa, denunciaba que la Superintendencia de Compañías supuestamente había tratado de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa al detectar presuntas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.

Ahora, Granasa apuntó que en redes sociales "circula una supuesta denuncia presentada por el liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio, en contra de directivos de esta compañía, entre otras personas. Ninguno de los mencionados en esa publicación ha sido aún notificado formalmente".

Pese a ello, Granasa pone en alerta a la ciudadanía y a la opinión pública nacional e internacional "sobre este nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento del Gobierno Nacional, con el único objetivo de doblegar la línea editorial, lo que no han logrado con falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, ni con una ilegal intervención de la Superintendencia de Compañías", finaliza el escrito.

Granasa recordó que esta nueva alerta se suma "a la compleja situación legal que atraviesa la empresa", que permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías, publicó Expreso.

Enfatizó que, según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron "falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos", además de lo que califican como una "ilegal intervención" administrativa.

Y anotó que el entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una "estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica".

Granasa recalcó que mantendrá su postura frente a lo que considera "un atropello a la propiedad privada y a la libertad de prensa en Ecuador", subrayó Expreso.

La compañía hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen el proceso, al considerar que la independencia de sus medios está en riesgo "ante la pretensión estatal de tomar el control accionario", indico Expreso.

En febrero pasado, la Superintendencia de Compañías anotó que la intervención tenía como objetivo "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros".

Sin embargo, Expreso y Extra denunciaron en febrero una presunta persecución por parte del Gobierno de Noboa, que, dijeron, intenta "someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador" y señalaron que no cambiarán su "línea editorial independiente".

"No hay poder en el mundo que pueda o vaya a doblegar la independencia de estos medios", dijo entonces Carmigniani.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó en febrero de "acto intimidatorio" contra el periodismo la intervención del Gobierno de Ecuador en Granasa. EFE