Japón estrena un sistema de custodia compartida que genera dudas por su alcance

Paula Gracia

Tokio, 1 abr (EFE).- Japón estrena este miércoles su particular sistema de custodia compartida tras el divorcio, convirtiéndose en la última potencia del G7 en introducir esta medida en su legislación pero que, en el caso de Tokio, genera dudas ante el alcance de una reforma que pretende solventar la problemática de los denominados secuestros parentales.

Quienes defendían esta medida en el país afirmaban que la custodia compartida podría ayudar a los menores a mantener relaciones con ambos padres después del divorcio, mientras que los opositores advertían que podría dificultar que las víctimas de violencia de género rompan lazos con sus exparejas.

No obstante, tras la aprobación de la reforma en 2024, incluso algunas organizaciones que llevaban años luchando por la custodia compartida tras haber sido parte afectada se han mostrado pesimistas sobre su alcance por la falta de mecanismos para obligar a los progenitores a aplicarla en casos conflictivos.

El director ejecutivo de Bring Abducted Children Home (BAC Home), Jeffery Morehouse, explica a EFE que lo que los padres afectados solicitan es pasar tiempo criando a sus hijos. "No es custodia compartida. Lo que están cambiando es la opción de autoridad parental compartida, que es simplemente la toma de decisiones legales en el proceso del cuidado de su hijo", lamenta.

Morehouse, que vio cómo su exesposa se llevó a su hijo a Japón en 2010 cuando él tenía la custodia legal en Estados Unidos, reconoce que esta ley "no cambiará nada" en su caso personal, puesto que su hijo es ya mayor de edad.

Pero incluso en los casos en los que la medida es relevante, defiende, la reforma no está creando un nuevo estándar, ya que no especifica el tiempo de visitas para los progenitores.

"¿Necesitamos siquiera esa opción?", se pregunta Morehouse. Por eso, el director de BAC Home pide no aplaudir la medida "antes de que ocurra realmente un cambio".

En la misma línea se pronuncia el presidente de la ONG japonesa Kizuna Child-Parent, John Gomez, que critica que Japón "incentiva" a aquellos que "secuestran" a los hijos al otorgarles la custodia, y asegura que conoce casos en los que los abogados recomiendan "secuestrar" al menor "porque conocen el sistema".

"Se necesita una absoluta transformación social", opina, porque hay "una falta de interés" por parte de las autoridades para involucrarse en "problemas individuales".

Gomez, estadounidense con raíces españolas que lleva más de 30 años viviendo en Japón, considera que la aprobación de esta medida, en la que ve "muy poco beneficio", es una forma de "aliviar la presión internacional y local", ya que carece de capacidad para aplicar la ley al no haber desarrollado herramientas para sancionar a la parte que "secuestre" al hijo.

Por su parte, la presidenta de la asociación nipona Single Mothers, Masako Komori, explica que su organización se posicionó desde un principio en contra de la custodia compartida porque en Japón la eficacia de la protección a las víctimas de violencia de género "es muy débil".

"Creo que es positivo que las exparejas cuyas relaciones no sean violentas permitan que sus hijos interactúen con ellos o que los padres participen en su crianza. Pero hay muchas áreas que necesitan mejorar en cuanto a cómo abordar la violencia que implica un riesgo para la vida", argumenta en declaraciones a EFE.

Es por ello que les preocupa que dicha violencia "continúe incluso después del divorcio", puesto que, aunque en teoría estos casos quedan excluidos de la custodia compartida, "el problema es que existen muchos casos donde es sumamente difícil demostrar que existe dicha violencia".

Si bien incide en que la postura de Single Mothers es que los hijos vean más a sus padres, recrimina que en los casos que ella conoce estos "simplemente han desaparecido". "Casi no tienen interés en criarlos", zanja Masako.

La histórica reforma para permitir la custodia compartida tras el divorcio, que se aprobó en 2024 pero entra en vigor este miércoles, se suma a la custodia exclusiva ya existente en el Código Civil japonés.

La nueva medida permitirá a los padres divorciados escoger entre ambas opciones, pero si no llegan a un acuerdo, intervendrá un tribunal de familia, y cuando se trate de situaciones en las que exista riesgo de violencia, el juez deberá otorgar la custodia exclusiva.

El sistema implica que ambos padres tienen derecho a tomar decisiones sobre asuntos como la educación o la salud del menor, y también que cumplan con responsabilidades como la manutención y régimen de visitas, pero no garantiza la convivencia igualitaria ni impone un límite de horas específico. EFE