Detienen a un hombre por un accidente de tráfico con la Guardia Civil en Gran Canaria en 2024, del que se fugó

El arresto se concretó luego de una intensa operación de vigilancia dirigida por la Unidad de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas, que permitió detener al sospechoso el 12 de marzo, tras varios meses de pesquisas y un largo proceso para lograr su localización. La noticia central surge del incidente de tráfico sucedido en Las Palmas, donde el detenido es señalado como el presunto responsable de una colisión en la que resultó herido un agente de la Guardia Civil, tal como reportó la propia Guardia Civil a través de un comunicado recogido por diversos medios.

De acuerdo con la información de la Guardia Civil, reproducida por medios locales, todo comenzó el 3 de julio de 2024 cuando los agentes del Destacamento de Tráfico de Las Palmas detectaron un vehículo que circulaba de manera considerada irregular y peligrosa por la glorieta de acceso al barrio de Pedro Hidalgo, en la carretera GC-309, cerca de la conexión con la GC-3. tras dar la señal de alto con la intención de realizar las pruebas reglamentarias de control de alcohol y drogas, el conductor ignoró las indicaciones de los agentes y optó por huir por las calles urbanas de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la huida, el conductor realizó una maniobra de marcha atrás en sentido contrario, lo que provocó el impacto con una motocicleta oficial de la Guardia Civil que participaba en el operativo. En el accidente resultó herido el agente que conducía la moto y se produjeron daños en los vehículos involucrados. Según detalló la Guardia Civil, una vez que el turismo quedó imposibilitado para moverse por los daños sufridos, el implicado abandonó el coche y logró escapar del lugar a pie, eludiendo así la intervención inmediata de los efectivos policiales.

Esta actitud llevó a que los responsables policiales solicitaran la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector para continuar las labores orientadas a identificar, localizar y detener al supuesto autor del accidente. Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales recopilaron manifestaciones tanto de los policías participantes como de personas presentes, y revisaron abundante material videográfico. Estos elementos contribuyeron a establecer la identidad del sospechoso, aunque los primeros intentos para su aprehensión no dieron resultado.

A pesar de las dificultades iniciales, la Guardia Civil mantuvo la investigación abierta durante más de ocho meses. Según precisó el cuerpo armado, la operación se mantuvo activa hasta que, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Vial (UNIS), se desplegó un dispositivo concreto de vigilancia que culminó con la detención del hombre en marzo de 2025.

El individuo recibió notificación formal de su condición de investigado por los supuestos delitos de conducción temeraria, carecer de permiso de conducción debido a la pérdida total de puntos, abandono del lugar del siniestro sin prestar asistencia, daños en vehículo oficial y atentado a agente de la autoridad. Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el atestado se remitió al Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que se encarga del seguimiento judicial del caso, según consignó la Guardia Civil en su nota de prensa.

La Guardia Civil subrayó en sus informaciones que la investigación requirió la coordinación entre diferentes unidades y el análisis de múltiples pruebas materiales y testimoniales para cerrar el caso. El atropello a un agente en acto de servicio, así como las circunstancias que rodearon la fuga posterior del presunto responsable, motivaron la rápida intervención de los equipos especializados en siniestros viales de la provincia.

El medio informativo de la Guardia Civil reiteró que la detención se logró gracias al mantenimiento de las diligencias durante meses, pese a la evasión inicial. Las actuaciones se presentaron al juzgado competente, que deberá determinar los pasos siguientes en el proceso judicial contra el detenido. La intervención incluyó la tramitación y entrega al juzgado de los detalles recogidos por los investigadores, quienes instruyeron el expediente judicial para que la autoridad correspondiente evalúe los hechos y decida las medidas a aplicar.