El Congreso se prepara para debatir y votar el próximo jueves 26 de marzo un decreto ley destinado a mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. La medida, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa, se someterá a votación luego de su aprobación para decidir su convalidación o derogación en un plazo de treinta días. La Junta de Portavoces ha acordado que la Mesa de la Cámara califique el decreto de manera prioritaria, permitiendo su inclusión en el Pleno de la próxima semana para agilizar el procedimiento.
De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo y consignada por varios medios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario donde se aprobará este plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán. Aunque los detalles específicos de las medidas aún no se conocen, el Gobierno ha adelantado que se tratará de un paquete “proporcional, perimetrado y focalizado” a mitigar el incremento del precio de los combustibles y la electricidad.
Según lo publicado, el plan adoptará un enfoque multidimensional. En primer lugar, se contemplan medidas estructurales que apuestan por fortalecer la transición hacia energías renovables, incentivando iniciativas como las comunidades energéticas, el autoconsumo y la instalación de bombas de calor, así como el impulso de la electrificación. Otra de las dimensiones importantes del plan involucra un paquete fiscal centrado en reducir tanto el coste energético como el de la factura eléctrica, con el objetivo de aliviar la carga para hogares y empresas.
El Ejecutivo ha destacado, según consignó la prensa, que uno de los bloques más relevantes se dirige especialmente a los sectores que afrontan mayor vulnerabilidad debido al conflicto. Entre estos se encuentran la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias electrointensivas y gasintensivas. Se prevé que las nuevas medidas aborden la minimización del impacto del aumento de los carburantes en estos sectores.
El plan también incorpora un conjunto de instrumentos de protección social para las personas y familias en situación de vulnerabilidad, dentro de lo que el Gobierno ha denominado “escudo social”. Entre estas iniciativas figura la prohibición de cortes de suministro energético a usuarios vulnerables, para asegurar el acceso continuado a los servicios básicos.
Sin embargo, según informó el Ejecutivo, algunas medidas que estuvieron presentes en respuestas anteriores a crisis internacionales no formarán parte de este plan. Fuentes de Moncloa descartaron, al menos por ahora, la bonificación al precio de los combustibles —que en el contexto de la guerra de Ucrania alcanzó los 20 céntimos por litro— así como la reducción del IVA en los alimentos. Tampoco se incluirán propuestas como la suspensión de desahucios para personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, tras constatar la falta de apoyo parlamentario suficiente para estas iniciativas.
Tal como recogió el medio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno se centrará en aprobar solo las medidas que logren consenso entre los grupos políticos. “Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso”, declaró Montero respecto a la posibilidad de sumar propuestas vinculadas a la vivienda, las cuales han sido reclamadas por Sumar y otros socios parlamentarios de izquierda.
En relación con la postura de la Unión Europea, Montero detalló que la Comisión Europea ha transmitido que, de momento, no contempla flexibilizar las reglas fiscales como respuesta al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. No obstante, el Gobierno español espera que Bruselas reconsidere su posición si la guerra se prolonga en el tiempo, abriendo la puerta a cambios en las políticas de disciplina fiscal.
Según publicó la prensa, el paquete de acciones a anunciar por Pedro Sánchez este viernes se apoya en reuniones previas mantenidas con agentes sociales, representantes de los sectores más afectados y grupos políticos. El Ejecutivo asegura que el plan poseerá suficiente flexibilidad para ir “adaptando y adoptando” nuevas medidas según evolucione la situación en Irán y las consecuencias derivadas de la crisis.
La entrada en vigor del decreto ley será inmediata tras su aprobación en Consejo de Ministros, aunque la validación definitiva dependerá de la votación en el Congreso. Este proceso legislativo busca dar una respuesta rápida a los desafíos económicos desencadenados por la guerra, enfocándose especialmente en quienes resultan más expuestos a la volatilidad de los precios energéticos y la crisis de suministros.