Las prisiones intervienen 2.466 móviles en 2025 y Acaip-UGT avisa: "Genera un mercado negro y amenaza la seguridad"

La utilización de drones para lanzar paquetes al interior de los centros penitenciarios presenta desafíos adicionales a la labor de los empleados públicos encargados del control y la seguridad en estos recintos. Según información difundida por Acaip-UGT, esta práctica, que permite introducir dispositivos tecnológicos avanzados y de pequeño tamaño, dificulta el trabajo preventivo y agrava la problemática relacionada con la entrada de objetos prohibidos, como teléfonos móviles. El sindicato resalta que estos artefactos tienen acceso a internet y, por tanto, amplían las posibilidades de comunicación no controlada desde el interior de las prisiones. Desde esta perspectiva, la noticia principal radica en el elevado número de incautaciones de teléfonos móviles, la advertencia de Acaip-UGT sobre el peligro que representa este fenómeno y la insuficiencia de tecnología para combatir el contrabando.

De acuerdo con datos recabados por el medio, en el año 2025 los establecimientos penitenciarios bajo la supervisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, lograron intervenir un total de 2.466 teléfonos móviles. El sindicato Acaip-UGT ha subrayado para este medio la gravedad de este problema, señalando que la existencia de tantos dispositivos genera un mercado negro dentro de los centros y constituye una amenaza directa para la seguridad. Desde 2021, el total de terminales confiscados asciende a 13.208, cifra que pone de manifiesto el carácter persistente de la situación y el volumen considerable que representa este contrabando.

El colectivo sindical ha proporcionado una estimación sobre la frecuencia de estas incautaciones: los empleados públicos penitenciarios detectan más de seis móviles al día en el conjunto de los centros. Este dato ilustra la recurrencia del fenómeno y la presión constante sobre quienes desempeñan tareas de custodia y vigilancia. Acaip-UGT especifica que los teléfonos móviles forman parte de los principales objetos prohibidos que intentan ingresar las personas privadas de libertad, lo que deriva, según recoge el medio, en riesgos relevantes para la seguridad y el control de las comunicaciones de los internos.

En declaraciones trasladadas por el sindicato y citadas por el medio, se explicita que estos dispositivos no solo permiten vulnerar los sistemas internos de control, sino que pueden sufrir usos que exceden la simple comunicación privada. “Estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar redes criminales, mantener el control sobre actividades ilícitas o contactar con víctimas en casos de violencia de género, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de instalaciones críticas del Estado”, detalla Acaip-UGT en su advertencia.

El sindicato también ha resaltado una serie de deficiencias en los recursos tecnológicos empleados para la detección y neutralización de estos artefactos. Según publicó el medio a partir del análisis de Acaip-UGT, muchos de los sistemas de inhibición de señal presentan obsolescencia y carecen de la eficacia que permitiría un control más efectivo. La constante evolución en los métodos para introducir teléfonos y otros aparatos prohibidos ha generado una desventaja para el personal penitenciario, que no dispone de tecnologías actualizadas. Precisamente, la combinación del reducido tamaño de los terminales, su facilidad para ocultarse y las nuevas estrategias de introducción –como el empleo de drones capaces de entregar paquetes con precisión– añaden complejidad al problema, informaron el sindicato y el medio.

Acaip-UGT sostiene que la insuficiencia de medios para enfrentar esta realidad se traduce en la proliferación de dispositivos con capacidad de conectarse a internet, lo que facilita la coordinación de actividades ilícitas sin que puedan ser debidamente rastreadas o intervenidas. La organización sindical resalta que esta situación deja a los empleados y a la propia administración en posición vulnerable ante la sofisticación creciente de quienes introducen estos objetos. Por su parte, según consignó el medio, el aumento en la sofisticación de los teléfonos móviles incautados obliga a recalibrar las estrategias tanto de detección como de neutralización, una tarea que, de acuerdo con el sindicato, aún no cuenta con los recursos necesarios.

El crecimiento del número de incautaciones a lo largo de los años exhibe, según el medio, la dimensión estructural de la problemática que enfrentan los centros penitenciarios en materia de seguridad tecnológica y de prevención del tráfico de objetos prohibidos. En este contexto, el llamado de Acaip-UGT abarca tanto la necesidad de renovar los sistemas de inhibición de señal como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y una mayor capacitación para el personal. El sindicato insiste en que la carencia de medios adecuados, sumada a la creatividad y persistencia de los métodos empleados por quienes buscan vulnerar las normativas penitenciarias, requiere de una respuesta estratégica y estructural desde las instancias administrativas correspondientes.