Mónica García advierte a Ayuso de una posible inhabilitación si no crea el registro de objetores al aborto

Durante su intervención ante la Comisión de Sanidad del Congreso, la ministra Mónica García subrayó la existencia de una reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. En este contexto, la titular de Sanidad recalcó que no cumplir con tal mandato podría derivar en consecuencias legales, entre ellas la inhabilitación para ocupar cargos públicos. García señaló que la Comunidad de Madrid es actualmente la única región que no ha avanzado en la implementación de dicho registro, siendo a la vez donde el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas.

El medio detalló que la ministra, en su comparecencia, advirtió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la posibilidad de sanciones penales ante el incumplimiento de la normativa, recordando el artículo 410 del Código Penal. Esta disposición establece que las autoridades o funcionarios públicos que rechacen de manera abierta acatar resoluciones judiciales o instrucciones de la autoridad competente pueden incurrir en sanciones, que incluyen multas e inhabilitación para cargos públicos. De acuerdo con lo publicado, la ministra enfatizó la obligatoriedad de la aplicación de la ley, señalando: "En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan".

Según informó el medio, García contrastó el proceder de Madrid con el resto de las comunidades autónomas, destacando que todas, excepto Madrid, han progresado en la creación de sus respectivos registros. Asimismo, la ministra resaltó la activación de los mecanismos legales por parte del Ministerio de Sanidad para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Tal como publicó la fuente, la ministra anunció el envío en los próximos días de una comunicación a todas las comunidades autónomas con el objetivo de recabar información pormenorizada sobre la organización de esta prestación sanitaria. El requerimiento solicitará datos acerca de cuáles centros con servicios de ginecología y obstetricia llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, la distribución de personal sanitario que ha presentado objeción de conciencia y las medidas que se están adoptando para garantizar la prestación efectiva del servicio.

Durante su intervención, García se refirió a declaraciones previas de Ayuso respecto a su falta de voluntad de poner en funcionamiento este registro, y contrapuso su propio compromiso de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las mujeres, como consignó el mismo medio. También reiteró que el Ministerio de Sanidad actuó en función de los recursos jurídicos disponibles para que se respete la legislación vigente.

La ministra señaló, según reportó la fuente, que el Ministerio continuará supervisando la aplicación del registro en todo el territorio, insistiendo en que el cumplimiento de las normas no depende de la voluntad individual de las autoridades autonómicas. El caso de Madrid, al seguir derivando la casi totalidad de los procedimientos de aborto a clínicas privadas y no poner en marcha el registro de objetores, coloca a la comunidad en una situación excepcional dentro del Estado, de acuerdo con la información difundida por el medio.