El PP pide la comparecencia de CNAE en el Congreso y el PNV considerar a los profesores como conductores profesionales

La situación de indefinición legal y falta de reconocimiento para los profesores de autoescuela ha situado a este colectivo profesional en un espacio intermedio, donde ni se les considera plenamente docentes del ámbito educativo ni se les reconoce dentro del grupo de conductores profesionales. Según consignó el medio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) impulsó una Proposición de Ley con el objetivo de modificar la legislación vigente para incluir a los profesores de formación vial como parte del colectivo de conductores profesionales. Esta propuesta responde a reclamos históricos de los trabajadores de autoescuelas, quienes solicitan equiparación en protección, formación y beneficios sociales, en una situación igualitaria respecto a otros profesionales del sector automovilístico.

El Partido Popular (PP) también intervino en el debate parlamentario registrando en el Congreso una solicitud de comparecencia de Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Tal como reportó el medio, el PP busca que Lorca informe en la Cámara baja sobre las dificultades que enfrenta el sector, prestando especial atención a las demoras en la obtención de permisos de conducir y al funcionamiento de las sedes descentralizadas destinadas a la realización de las pruebas prácticas de conducción. Esta acción parlamentaria pretende visibilizar los problemas del sector y contribuir al diálogo sobre posibles soluciones legislativas y administrativas.

La iniciativa legislativa del PNV propone una modificación concreta en el marco normativo español. Detalló el medio que la formación vasca sugiere modificar el punto 3 del Anexo I (Conceptos Generales) del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Con esta modificación, se pretende incluir explícitamente a los profesores de formación vial en la definición de conductor profesional, para garantizar su equiparación legal y el acceso a medidas de protección, oportunidades de formación específica y beneficios sociales análogos a los de otros conductores profesionales del país.

El Grupo Vasco argumenta que actualmente estos profesionales se encuentran desamparados en un “limbo jurídico”, dado que su labor se reconoce como educativa pero no forman parte del sector de la educación, y aunque trabajan bajo la supervisión de la Dirección General de Tráfico, no están integrados dentro de los colectivos legalmente reconocidos como conductores profesionales, por el hecho de tratarse de una profesión docente. Esto implica que los profesores de formación vial carecen de acceso a las coberturas y recursos asignados a quienes sí están contemplados en el sector profesional automovilístico.

Según expone la Proposición de Ley presentada por el PNV, los profesores de autoescuela comparten los riesgos inherentes a la conducción profesional. Están sometidos a los mismos factores externos que afectan a otros conductores, como el estado de las vías, condiciones meteorológicas, fallos y mantenimiento del vehículo, comportamiento de peatones y otros vehículos, y la necesidad de mantener una atención constante sobre el entorno. Además, la formación vasca subraya que existen riesgos laborales de origen psicosocial para estos trabajadores. Las largas horas al volante pueden provocar problemas musculoesqueléticos; la exposición continuada a situaciones de peligro y responsabilidad intensa puede derivar en estrés laboral y, a largo plazo, en enfermedades cardiovasculares y alteraciones psicológicas.

La Proposición de Ley del PNV remarca que la profesión de profesor de formación vial mantiene una exposición activa a riesgos de accidente, dada la multiplicidad de factores que deben ser vigilados y controlados durante el proceso de enseñanza en carretera. El texto parlamentario argumenta que esta intensidad emocional y el alto volumen de estímulos que manejan los instructores durante las clases prácticas, supera en ocasiones la exigencia requerida a otros conductores profesionales. Además, destaca la mayor cualificación en formación de conducción que poseen estos docentes en comparación con otros miembros del sector automovilístico.

El PNV sostiene que mantener el actual criterio de exclusión supone un trato discriminatorio para los profesores de formación vial. Según la proposición, “si la actividad de profesor de formación vial cumple los requisitos exigidos a un conductor profesional es injusto que no sean integrados en el concepto y colectivo de conductor profesional, más aún cuando los riesgos que soportan son más numerosos y de mayor intensidad, generándoles un mayor estrés, y poseen una formación como conductores más cualificada”.

Por su parte, al solicitar la comparecencia del presidente de la CNAE en el Congreso, el PP mostró interés en que se clarifiquen y analicen los problemas estructurales del sector de autoescuelas, en particular las demoras para obtener el carné de conducir y la situación de las sedes descentralizadas donde se realizan las pruebas prácticas. Estas cuestiones afectan tanto a los trabajadores como a los usuarios del sistema y a la seguridad vial en general, según publicó el medio.

Ambas formaciones políticas coinciden en la necesidad de abrir el debate sobre medidas para mejorar la situación de quienes trabajan en autoescuelas. El objetivo, según argumentan, es garantizar igualdad de trato legal y cobertura frente a los riesgos laborales, apoyando una reivindicación de largo recorrido en el sector automovilístico español.