Amnistía pide investigar como crímenes de guerra los ataques a instituciones financieras islámicas en Líbano

Numerosas sucursales de la institución financiera islámica Al Qard al Hasan, emplazadas en edificios residenciales y en vecindarios densamente habitados de Líbano, prestan servicios a decenas de miles de civiles que dependen de estas instalaciones para recibir préstamos que les permiten cubrir matrículas escolares, gastos de salud y adquirir vehículos para dirigirse a sus trabajos, según declaraciones de Amnistía Internacional. A raíz de recientes ataques israelíes contra unas 30 sedes de esta entidad, la organización ha realizado un llamamiento urgente para que la comunidad internacional investigue estos hechos como posibles crímenes de guerra, alegando que los bombardeos han afectado infraestructuras civiles no consideradas objetivos militares bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Según informó Amnistía Internacional, el Ejército israelí ha reivindicado ataques directos contra numerosas sucursales de Al Qard al Hasan en el marco de su ofensiva contra Líbano, en un contexto de creciente tensión con Irán. El medio resaltó que Israel argumentó la existencia de “vínculos financieros” entre estas instituciones y el partido-milicia chií Hezbolá. Sin embargo, Amnistía remarcó que la imputación de tales nexos no fundamenta convertir automáticamente a un civil o a un edificio civil en un objetivo militar conforme a las leyes internacionales vigentes sobre la protección de civiles durante conflictos armados.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África, explicó que la distinción entre objetivos militares legítimos y bienes civiles representa un principio esencial del Derecho Internacional Humanitario. Según publicó la organización, Morayef apuntó que muchas de las oficinas atacadas se encuentran localizadas en zonas de alta densidad de población, lo que amplifica el riesgo para los habitantes y usuarios que acuden diariamente para recibir servicios financieros. “Las acusaciones de vínculos financieros, por sí solas, no convierten a un civil o a un edificio civil en un objetivo militar. Distinguir entre objetivos militares y bienes civiles es un pilar fundamental del Derecho Internacional Humanitario”, declaró Morayef, citada por Amnistía.

El medio agregó que Amnistía Internacional ha lamentado lo que interpreta como una tendencia del Ejército israelí a considerar cualquier infraestructura alegadamente asociada a Hezbolá como blanco legítimo, sin evaluar si cumple los criterios de objetivo militar establecidos internacionalmente. La organización detalló que Hezbolá también dirige instituciones de servicios esenciales, entre ellas centros sanitarios, viviendas en localidades cercanas a la frontera e instituciones financieras como Al Qard al Hasan. Amnistía señaló que “los civiles y los bienes civiles no se convierten en objetivos legítimos simplemente por una afiliación o una conexión percibida”.

Amnistía Internacional insistió en que los ataques no solamente han puesto en peligro a miles de usuarios civiles, sino que también han socavado el acceso regular a servicios bancarios fundamentales para la vida cotidiana de la población libanesa, según consignó el propio comunicado de la organización. En sus peticiones, la entidad urgió a la comunidad internacional a tomar medidas que garanticen la rendición de cuentas y la aplicación estricta de la normativa internacional en el contexto del conflicto, reportó el medio. Ante esta situación, reafirmó la importancia de que los Estados y los organismos competentes impulsen investigaciones imparciales sobre las operaciones militares que afectan infraestructuras civiles.

El medio citó además a Amnistía Internacional indicando que la guerra y las tensiones en la región han potenciado la práctica de designar estructuras civiles como objetivos militares únicamente por presuntas relaciones con grupos armados. La organización denunció que esta interpretación expande los riesgos para la población no combatiente y va en contra de los compromisos internacionales en materia de protección de civiles en zonas de conflicto.