Durante la retirada forzada que solicitó el Ejército de Sudán del Sur a la misión de la ONU y otras organizaciones de la ciudad de Akobo, en el estado de Jonglei, miles de habitantes huyeron del lugar. Sin embargo, el personal de Naciones Unidas decidió permanecer en la zona para mantener la protección de la población local. Así lo comunicó la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según reportó el medio original.
Según informó la agencia, Volker Turk, responsable máximo de derechos humanos en la ONU, expresó su consternación por los acontecimientos recientes en Sudán del Sur, donde se han registrado asesinatos masivos y una intensificación del conflicto interno desde la reactivación de la violencia hace un año. Turk detalló en un comunicado que, durante los últimos 17 días, se han producido más de 160 muertes de civiles, en el contexto de una escalada de enfrentamientos entre el Ejército nacional y grupos opositores.
De acuerdo con el reporte publicado, la oficina de Turk identificó dos ataques específicos que han causado un incremento en el número de víctimas. Uno de ellos ocurrió el 1 de marzo, cuando soldados pertenecientes al grupo Buel Nuer mataron a 139 personas en el norte del país. Otro ataque tuvo lugar a finales de febrero, en la región de Jonglei, donde efectivos del propio Ejército sursudanés asesinaron a 21 personas, incluida una mayoría de mujeres y niñas, bajo el engaño de un suministro alimentario que nunca existió, y procedieron a decapitar a otras cuatro personas en el área de Ghazal, al noroeste.
Tal como publicó la fuente, estas acciones han ido acompañadas de otras violaciones graves de derechos humanos, como la destrucción de recursos esenciales para la población civil, entre ellos los suministros de agua, y la expulsión forzada de residentes. Turk señaló que los ciudadanos están sujetos a asesinatos, lesiones y desplazamientos a diario en distintos puntos del país, agravando así la crisis humanitaria.
El comunicado recogido describió que los enfrentamientos, acentuados desde diciembre del año pasado, han obligado a cerca de 280.000 personas a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras en medio de una creciente inseguridad y carencias. La comunidad humanitaria enfrenta dificultades adicionales por la incertidumbre sobre su acceso y capacidad de operar, especialmente tras la solicitud de evacuación emitida por el Ejército, cuestionando la protección de los civiles en las áreas más afectadas.
En relación con estos hechos, Turk calificó algunos de los ataques cometidos por distintas fuerzas armadas como posibles crímenes de guerra y reiteró la urgencia de poner fin a las hostilidades. El alto funcionario solicitó que se acuerde un alto el fuego inmediato para evitar que Sudán del Sur avance hacia una guerra civil total.
La oficina del Alto Comisionado también enfatizó la importancia de mantener la presencia internacional en el terreno para salvaguardar a los habitantes. A pesar de las órdenes de salida, la misión de la ONU decidió no retirarse completamente de Akobo con la finalidad de seguir brindando asistencia y protección a los civiles expuestos al conflicto.
A lo largo del comunicado, las autoridades de derechos humanos destacaron la gravedad de las acciones perpetradas por los actores armados y la recurrencia de la violencia estructural desde el resurgimiento del conflicto. El rol de la misión de Naciones Unidas y de las distintas organizaciones presentes en el país resultó central, tanto en la atención de los desplazados internos como en la denuncia y monitoreo de las infracciones al derecho internacional humanitario.
Turk remarcó la necesidad de medidas urgentes para desescalar la situación, advirtiendo sobre las consecuencias que podría acarrear la prolongación de la crisis y reiterando la responsabilidad de las autoridades nacionales y de las fuerzas combatientes en la prevención de daños a la población civil.
El repaso de la situación recogido por el medio original subrayó el impacto del conflicto tanto en los desplazados como en quienes permanecen en sus comunidades, con altos riesgos para su seguridad y bienestar. Las cifras presentadas, junto a la caracterización de los hechos, ilustran la magnitud del desafío que enfrenta Sudán del Sur en materia de protección de derechos humanos y estabilidad interna.