
Ruanda reafirmó su postura sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo (RDC), poniendo énfasis en el compromiso adquirido por RDC en los Acuerdos de Washington para poner fin al respaldo estatal a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y a milicias asociadas, una medida que, según Kigali, aún no se ha implementado. El Gobierno ruandés señaló que está dispuesto a proceder con la retirada de sus fuerzas en la región, condicionando este movimiento al cumplimiento de los compromisos pactados por Kinshasa. Según consignó Europa Press, Kigali expresó que reconoce los trabajos del comité de vigilancia del alto el fuego y que mantiene su apoyo a todas las cláusulas acordadas con las autoridades congoleñas en el marco del proceso de paz.
Europa Press detalló que el Gobierno ruandés calificó de "injustas" las sanciones anunciadas recientemente por Estados Unidos contra altos cargos de su Ejército y contra las propias Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF). Estas sanciones, según Kigali, alteran el entendimiento del conflicto en el este de RDC y penalizan solo a una de las partes mientras ignoran supuestas transgresiones cometidas por las fuerzas congoleñas. "Proteger nuestro país es una medalla de honor que las Fuerzas de Defensa de Ruanda portan con mucho orgullo", agregó el Ejecutivo, quien también denunció ataques repetidos con drones y operaciones terrestres que, a su juicio, constituyen violaciones al alto el fuego comprometiendo vidas humanas.
Además, el Gobierno ruandés insistió, según publicó Europa Press, en que las tropas de Kinshasa cuentan con el respaldo de "mercenarios extranjeros", "milicias étnicas extremistas apoyadas por el Estado" y las FDLR, catalogadas en su comunicación oficial como "genocidas". Las FDLR fueron formadas por extremistas hutus que huyeron de Ruanda tras el genocidio de 1994.
Desde el lado congoleño, el Gobierno celebró la decisión estadounidense y la interpretó como un respaldo a su soberanía. Europa Press reportó que a través del Ministerio de Comunicación y Medios, RDC consideró que las sanciones implican "una señal clara en favor del respeto de la soberanía y la integridad territorial" y vinculó la medida con la necesidad de que exista congruencia entre los acuerdos diplomáticos y la situación real en el terreno. Kinshasa valoró la implicación y liderazgo de Estados Unidos en los esfuerzos orientados hacia la paz y manifestó su disposición a actuar para restaurar la seguridad y la autoridad estatal a lo largo del país.
Según precisó el Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones afectan tanto a las Fuerzas de Defensa de Ruanda como a cuatro altos responsables militares, alegando su "apoyo activo" al Movimiento 23 de Marzo (M23). Este grupo rebelde, sancionado por Estados Unidos y la ONU, ha sido señalado por abusos a los derechos humanos y provocar una crisis de desplazamiento en RDC. El Departamento, bajo la dirección de Scott Bessent, indicó que las RDF han facilitado la toma, por parte del M23, de territorios estratégicos, incluidas las capitales de Goma y Bukavu, así como áreas mineras clave en el este de RDC, y afirmó que las ofensivas del M23 resultaron posibles gracias a la complicidad de las fuerzas ruandesas y sus mandos principales.
Los individuos sancionados, de acuerdo con la información difundida por el Tesoro y recogida por Europa Press, incluyen al jefe del Estado Mayor de las RSF, Vincent Nyakarundi; al comandante de la 5ª División de Infantería, Ruki Karusisi; al jefe del Estado de la Defensa, Mubarakh Muganga; y al comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Stanislas Gashugi.
Las sanciones se anunciaron poco después de que el grupo M23 acusara a las fuerzas congoleñas de lanzar una ofensiva a gran escala, lo que según los rebeldes violó el alto el fuego vigente. El M23 había anunciado el 18 de enero la retirada de sus fuerzas desde Uvira, ciudad capturada el año anterior en el marco de su ofensiva que intensificó la crisis en RDC desde finales de 2024.
Tal como recogió Europa Press, el M23, formado principalmente por tutsis congoleños y con respaldo de Kigali, obtuvo el control de extensas zonas de Kivu Norte y Kivu Sur en 2025, incluidas las capitales provinciales de ambas regiones. Este avance elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali, lo que provocó la apertura de negociaciones dirigidas a frenar una escalada aún mayor del conflicto. Estados Unidos ha remarcado la responsabilidad del M23 en provocar desplazamientos masivos y graves vulneraciones a los derechos humanos en la zona.
El medio Europa Press indicó también que el Gobierno ruandés resaltó nuevamente que la protección del país es prioritaria y forma parte de su obligación constitucional. Ruanda reiteró su disposición al diálogo y a la retirada de sus efectivos bajo la condición de que RDC cumpla con los acuerdos, sosteniendo además que solo mediante la eliminación del apoyo a las FDLR se podrá garantizar el éxito de las iniciativas de paz.
Mientras persisten los señalamientos cruzados y las acusaciones sobre el incumplimiento de las disposiciones adquiridas, tanto Ruanda como RDC han reiterado su interés en hallar una solución definitiva, aunque desde posiciones opuestas respecto a la responsabilidad de cada parte en el conflicto armado del este congoleño y la implementación de las resoluciones internacionales más recientes.
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