Feministas denuncian que el protocolo trans para empresas de Trabajo genera "inseguridad jurídica" para las mujeres

En su reciente comunicación dirigida a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres expresó su preocupación por la posible afectación a derechos de privacidad y seguridad tras la aprobación del nuevo protocolo de acompañamiento a personas trans en el ámbito laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo. Según informó Europa Press, el colectivo transmitió que la aplicación de estas medidas podría impactar la gestión interna y modificar el uso de espacios considerados sensibles, como baños y vestuarios, dentro de las compañías.

El medio Europa Press detalló que la organización feminista sostiene que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no llevó a cabo una evaluación rigurosa sobre las consecuencias jurídicas y materiales antes de la firma del protocolo con sindicatos y Gobierno. Según publicó Europa Press, las representantes de la alianza han señalado que la normativa genera inseguridad jurídica en las empresas al no analizar de forma exhaustiva los efectos de incorporar regulaciones que ponen en cuestión la configuración de áreas destinadas exclusivamente a mujeres.

En el documento remitido a la CEOE, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres indica que las empresas no pueden ser consideradas simples ejecutoras automáticas de directrices políticas y recalca que son las responsables directas de preservar la seguridad, privacidad y dignidad de todo su personal. De acuerdo con Europa Press, la agrupación subrayó que cualquier alteración relacionada con la diferenciación por sexo en instalaciones de trabajo tiene repercusiones materiales en los derechos de las empleadas y requiere un debate público transparente y plural.

Las feministas también criticaron que el Ministerio, dirigido por Yolanda Díaz, no incorporó la opinión de organizaciones de mujeres al diseñar el protocolo. Europa Press consignó que la Alianza asegura que no se estudió el impacto jurídico ni las implicaciones organizativas, lo que, según su argumento, traslada los posibles conflictos al interior de cada compañía. En la carta, la organización advirtió además que la reforma de instalaciones o la creación de espacios mixtos podría representar gastos económicos considerables, poniendo en especial dificultad a pequeñas y medianas empresas que no han presupuestado estos cambios y que, afirman, se originan a partir de una regulación que no tiene rango legal.

En su pronunciamiento, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres destacó que mantener espacios diferenciales por sexo, como baños y vestuarios exclusivos para mujeres, no constituye un asunto ideológico. Según recabó Europa Press, el colectivo explicó que estos espacios cumplen funciones de protección, privacidad y seguridad, arraigados en derechos consolidados a lo largo de décadas de trabajo reivindicativo. De acuerdo con su postura, las empresas tienen el deber de asegurar a las trabajadoras la existencia continua de estos ámbitos exclusivos.

La organización sostiene que las políticas públicas con impacto sobre derechos considerados sensibles no deben establecerse ni por rutina administrativa ni por presión política. Europa Press reportó que la agrupación advirtió que la eventual conversión del protocolo en normativa requeriría un proceso de deliberación abierto, con plenas garantías y sin ocasionar un menoscabo en los derechos de las mujeres.

Europa Press también recogió que la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres mantiene expectación respecto a la incorporación de otros posibles elementos en el protocolo promovido por el Ministerio de Trabajo, ante el temor de que puedan vulnerar derechos laborales específicos de las mujeres. La entidad se sumó así a los reclamos de mayor exhaustividad en la evaluación previa de las medidas y la inclusión de diferentes voces sociales en la toma de decisiones que afectan la vida en el entorno laboral.