La votación en la Cámara de Diputados, que aprobó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Javier Milei con un respaldo de 135 votos frente a 115, se desarrolló poco después de que el oficialismo accediera a retirar uno de los artículos más controvertidos del proyecto, aquel que preveía la reducción de sueldos durante las bajas médicas. Esta modificación obliga al texto a regresar al Senado, pese a que ya había recibido el visto bueno de esa cámara una semana atrás, según consignó el medio que cubrió la sesión.
De acuerdo con la información publicada por la prensa internacional, la aprobación de la reforma tuvo lugar en un entorno de alta tensión social y política, a raíz de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La movilización sindical buscó oponerse al proyecto al considerar que amenaza derechos laborales vigentes. El oficialismo logró el respaldo no solo de Propuesta Republicana (Pro), sino también de la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), bloques de Santa Cruz, San Juan, Elijo Catamarca, Independencia, así como legisladores de Misiones y Salta agrupados en Innovación Federal. Tras la votación, los aliados del gobierno celebraron la sanción con una ovación, que tuvo eco en el palco principal, en el que presenciaban el acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.
El paquete de más de doscientos artículos presenta cambios sustanciales en la legislación laboral argentina. Entre los puntos clave, la iniciativa plantea una reducción del cálculo de las indemnizaciones por despido, la autorización para fraccionar las vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra. El texto habilita también la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, con la condición de respetar un descanso intermedio de doce horas. El proyecto disuelve la Justicia Nacional del Trabajo, limita el derecho a la huelga y modifica el esquema de negociaciones colectivas, dando prioridad a acuerdos de empresa o regionales por sobre los sectoriales.
Según publicó el medio citado, el Congreso modificó la versión original de la reforma al eliminar uno de los apartados más resistidos por la oposición y los sindicatos, en el que se contemplaba reducir la remuneración durante el período de baja médica. Este cambio responde a las presiones recibidas de distintos bloques y sectores. Ahora, para completar el proceso legislativo, la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, ha convocado a las comisiones de Trabajo y Presupuesto a una reunión la mañana del viernes posterior, con el objetivo de acelerar los plazos de ratificación y permitir al presidente Milei inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, presentando la sanción de la norma.
El debate sobre el contenido y las consecuencias de la reforma fue intenso. Según detalló el medio de referencia, la oposición manifestó duras críticas durante la sesión. Diputados de Unión por la Patria calificaron la reforma de "anti laboral" y acusaron de "traidores" a los diputados de Catamarca, Tucumán y Salta que apoyaron la iniciativa, pese a pertenecer a filas del peronismo. Otros bloques opositores, incluidos sectores de Provincias Unidas y la izquierda, denunciaron que la reforma no representa una modernización, sino que, desde su perspectiva, implica un retroceso en derechos laborales históricos conquistados, al beneficiar a los empleadores en detrimento de los empleados. Los mismos sectores anticiparon que la aprobación de la ley generará judicialización, por considerar que distintos puntos pueden resultar inconstitucionales.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo defendió la iniciativa bajo el nombre de "Ley de Modernización Laboral". Según el comunicado oficial difundido y citado por los medios, la administración de Milei destacó que los cambios buscan fomentar el trabajo registrado, reducir la informalidad, adaptar las normativas laborales a los estándares contemporáneos, disminuir la burocracia y aumentar el dinamismo en las relaciones de empleo. El texto, según la declaración presidencial, establece "reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores" e introduce "incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos para reducir la judicialización de los conflictos y un enfoque centrado en las pequeñas y medianas empresas". Entre los objetivos señalados se incluye crear condiciones favorables para la contratación, fomentar la inversión y permitir que el empleo formal crezca nuevamente.
En el mismo comunicado, la oficina presidencial expresó su gratitud hacia los legisladores que apoyaron el proyecto y reconoció el esfuerzo de la población para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. El pronunciamiento oficial también aludió al fin de la llamada "industria del juicio", que el gobierno considera un obstáculo para la creación de nuevos empleos.
Según la información suministrada por la prensa, la reforma laboral enfrenta aún la etapa de revisión en el Senado, tras la introducción de las modificaciones propuestas en la Cámara de Diputados. La convocatoria a comisiones y el apuro en el trámite legislativo muestran la intención oficial de lograr una rápida sanción para que el presidente Milei presente el resultado ante el Congreso al inicio de las sesiones ordinarias. Mientras tanto, asociaciones sindicales y sectores de la oposición mantienen su rechazo y advierten sobre futuras disputas judiciales por la afectación de derechos laborales, en un contexto de movilización social y profundización de los debates sobre el rumbo de la política laboral del país.