La investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documenta que, al menos 463 palestinos, entre ellos 157 menores de edad, han muerto de hambre en la Franja de Gaza durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Según consignó la ONU, la hambruna y la desnutrición que afectan a la población palestina son resultado directo de las restricciones impuestas por el Gobierno israelí, incluida la limitación en la entrada y distribución de ayuda humanitaria. El informe sostiene que el uso del hambre como táctica en un conflicto bélico se considera un crimen de guerra y puede ser tipificado como crimen de lesa humanidad, si tiene como objeto la eliminación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El medio Naciones Unidas informó que las acciones llevadas a cabo por Israel en Palestina han incrementado la preocupación por la posibilidad de una “limpieza étnica” en la Franja de Gaza y en Cisjordania. El documento advierte sobre la intensificación de los ataques, la destrucción planificada de barrios enteros y la negación sistemática de asistencia humanitaria, elementos que, en conjunto, parecen dirigidos a transformar de manera irreversible la composición demográfica en Gaza. De acuerdo con la ONU, los desplazamientos forzosos en ambos territorios reflejan una estrategia orientada al cambio poblacional permanente, lo que eleva el temor ante una posible limpieza étnica.
El informe presentado este jueves detalla que la escalada de violencia israelí ha resultado en la muerte y mutilación de un número sin precedentes de civiles. A este saldo se suman la destrucción de infraestructuras y el debilitamiento de las condiciones mínimas de vida, aspectos que, según la ONU, han generado situaciones “crecientemente incompatibles con la existencia continuada de los palestinos como grupo”. El organismo internacional señaló, además, que ciertos patrones de ataques realizados en Gaza suscitan “graves preocupaciones” sobre la posibilidad de que fuerzas israelíes hayan dirigido ataques deliberados contra civiles y bienes civiles, aun estando conscientes de que los daños serían “excesivos en relación con la ventaja militar anticipada”; una conducta que, según Naciones Unidas, podría configurar un crimen de guerra.
Otro de los puntos destacados por la ONU en su informe es el uso sistemático de la fuerza en Cisjordania. Señala que las fuerzas israelíes han incurrido en prácticas de “uso sistemático e ilegal de la fuerza”, así como en “detenciones arbitrarias generalizadas”, torturas y más casos de malos tratos a palestinos privados de libertad. También documenta la demolición extensiva de viviendas, acciones que, según el organismo, se emplean para discriminar, controlar y reprimir al pueblo palestino.
El documento hace mención tanto a acciones israelíes como a conductas cometidas por otras partes en el territorio. En este sentido, Naciones Unidas también se refiere a incidentes “preocupantes” de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de la Autoridad Palestina. Además, sostiene que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos mantienen a rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, como “moneda de cambio” tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. El informe recoge los testimonios de rehenes liberados, quienes reportaron haber padecido violencia sexual y de género, torturas, agresiones, confinamientos extensos y privaciones de alimentos, agua y condiciones higiénicas apropiadas durante el tiempo de su detención.
La ONU incluye en su texto la información sobre la muerte de 79 palestinos en prisiones israelíes, indicando que los gazatíes son especialmente susceptibles a sufrir tortura y malos tratos bajo custodia. Esta realidad, según Naciones Unidas, se desarrolla en un “perverso clima de impunidad” frente a las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en los Territorios Palestinos Ocupados, donde “no se han dado pasos significativos” dentro del sistema judicial israelí para asegurar la rendición de cuentas.
El informe de la ONU solicita a todos los Estados la suspensión inmediata de cualquier venta, transferencia o desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, señalando que este suministro facilita la violación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en territorios palestinos ocupados. El documento subraya que, aunque al finalizar el periodo examinado se estaban organizando esfuerzos para la implementación del “Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza” –promovido por Estados Unidos desde el 9 de octubre de 2025– no se han adoptado medidas suficientes para garantizar la plena rendición de cuentas en relación con las transgresiones registradas desde el 7 de octubre de 2023.
“El documento de la ONU sostiene que la justicia para las víctimas es indispensable y debe ser la base sobre la cual reconstruir Gaza”, publicó Naciones Unidas, y solicita una participación efectiva e inmediata de la población palestina en las estructuras de gobierno encargadas de la recuperación y el futuro del enclave. Según Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la impunidad no es algo abstracto: mata”. Agregó además que “la rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera en Palestina e Israel”.