Las nuevas reglas para la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), adaptadas a la reciente subida del salario mínimo, implican cambios notables para quienes perciben ingresos por debajo de los 20.048,45 euros anuales. Según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE), las rentas que se sitúan bajo este umbral podrán acceder a una deducción de hasta 590,89 euros. Este ajuste acompaña la medida gubernamental que establece el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 en 17.094 euros brutos al año, y supone que un trabajador que perciba dicho salario pagará 356 euros menos de IRPF respecto al año anterior.
El BOE detalló este jueves que la subida del SMI se aplicará desde el 1 de enero de 2026, tras la aprobación del Real Decreto que fija el incremento del 3,1%. Así, el SMI pasa de los 1.184 euros mensuales establecidos para 2025 a 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que representa una mejora de 37 euros mensuales y de 518 euros al año. La subida, que tendrá efecto retroactivo desde el inicio del año, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, según consignó el medio.
El salario mínimo establecido para 2026 se traduce en 40,70 euros brutos al día. Los trabajadores eventuales y temporeros percibirán al menos 57,82 euros diarios por jornada legal de actividad, mientras que quienes trabajan en el servicio doméstico recibirán un mínimo de 9,55 euros por hora efectiva trabajada, de acuerdo con lo publicado por el BOE.
El Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sellaron este acuerdo a finales de enero, tal como reportó el BOE. Este pacto no contó con la adhesión de las organizaciones empresariales y marca el sexto año consecutivo en el que el incremento del SMI se logra sin el apoyo de la patronal. El Ministerio de Trabajo señaló que la revisión del SMI responde al objetivo de garantizar la suficiencia de ingresos para los asalariados con remuneraciones más bajas.
El medio indicó que la subida del SMI no modifica ni la estructura ni la cuantía de salarios que, sumados y anualizados, ya son superiores al nuevo salario mínimo. Por el contrario, sí se requerirá una adaptación en todos los acuerdos privados o contratos cuya retribución anual total sea inferior al SMI de 2026, conforme a las actuales reglas de absorción y compensación. Esto obliga a que los empleadores ajusten los salarios que no alcancen el mínimo legal.
Adicionalmente, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos prevé la reforma de las reglas de absorción y compensación, con la intención de que el aumento no afecte a los complementos salariales, también conocidos como pluses. No obstante, según sostuvo el BOE, esta reforma se abordará en una norma distinta y se vinculará a la incorporación a la legislación nacional de la directiva europea sobre salarios mínimos.
En referencia al IRPF, el Boletín Oficial del Estado explicó que la nueva deducción busca evitar que la subida del SMI perjudique fiscalmente a quienes superen por poco el límite mínimo. Por este motivo, la deducción máxima de 590,89 euros se extenderá para quienes no alcancen los 20.048,45 euros brutos anuales, según los datos oficiales. De este modo, se pretende suavizar el impacto económico y evitar lo que en términos fiscales se conoce como "error de salto", donde un incremento salarial puede traducirse en una mayor carga tributaria.
El Consejo de Ministros aprobó el martes anterior la subida del SMI del 3,1%, sumando así un nuevo incremento a los realizados en los ejercicios previos. El importe fijado para el salario mínimo de 2026 es de 17.094 euros brutos anuales. Según publicó el BOE, la medida alcanza tanto a trabajadores a tiempo completo como a quienes realizan labores temporales o en el ámbito doméstico, asegurando una cobertura amplia y homogénea.
El BOE subrayó que quienes ya perciben salarios por encima del nuevo SMI no verán modificadas sus retribuciones, ni en su estructura ni en la cuantía, siempre que el total anual supere el umbral establecido. Solo deberán ajustarse aquellos acuerdos de retribución que, sumados al conjunto de complentos y pagas, resulten inferiores al salario mínimo anual de 2026. De acuerdo con la normativa vigente, empleadores y trabajadores ajustarán los salarios para garantizar el cumplimiento del incremento.
La publicación del Real Decreto en el BOE sitúa la referencia de salario mínimo en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, frente a los 1.184 euros aplicados el año anterior. Se contemplan también las condiciones específicas para trabajadores eventuales y miembros del servicio del hogar, quienes obtendrán ingresos mínimos ajustados a su tipo de actividad y jornada, de acuerdo con lo estipulado en la nueva disposición.
La medida adoptada se acompaña de una revisión en el tratamiento fiscal para los perceptores del salario mínimo. Según el BOE, Hacienda calcula que quienes reciban el SMI pagarán 356 euros menos de IRPF en comparación con el año pasado, un alivio que refuerza el objetivo de mejorar el poder adquisitivo para trabajadores con ingresos más reducidos.
Los ajustes recogidos en la disposición legal dejarán fuera de tributación a quienes reciban el SMI, lo que se traduce en un beneficio fiscal que, sumado al incremento salarial, impactará de manera significativa en los ingresos netos de casi 2,5 millones de españoles, de acuerdo con la información publicada por el BOE.
La concertación entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT permitió la aprobación del incremento sin la participación de las asociaciones empresariales, tal como viene ocurriendo desde hace seis años, según el BOE. Además, la reforma de las reglas de absorción y compensación, pendiente de aprobación en otro Real Decreto, buscará impedir que los complementos de los trabajadores se vean reducidos o absorbidos por el nuevo SMI. Este ajuste se vinculará, además, a la transposición de la directiva europea sobre condiciones mínimas de salario, reforzando la protección de los ingresos más bajos.
Según el BOE, la actualización del salario mínimo interprofesional y de sus condiciones asociadas responde a la política gubernamental de equidad salarial y protección a los trabajadores, en línea con los compromisos adquiridos en la negociación colectiva y la normativa europea, regulando aspectos fundamentales para la economía y el mercado laboral español.