El abogado de la denunciante del DAO dice que Marlaska no la ha llamado y que no es ella quien debe pedir que dimita

“Mi teléfono está abierto, puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, que le atenderé muy gustosamente”. Con esta declaración, Jorge Piedrafita, abogado de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al director adjunto operativo (DAO), señaló la ausencia de comunicación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su clienta. Según informó Europa Press, el letrado hizo referencia a este hecho durante una entrevista donde sostuvo que el titular de la cartera de Interior no se ha puesto en contacto en ningún momento ni con la denunciante ni con su representación legal tras la denuncia. De acuerdo con sus palabras, corresponde al ministro asumir la responsabilidad por posibles errores en la gestión del caso y no a la víctima exigir su dimisión, como sugirió Marlaska durante una sesión reciente en el Congreso.

Piedrafita, en su intervención en ‘Onda Cero’ citada por Europa Press, manifestó que, aunque su teléfono permanece disponible para cualquier contacto institucional, la iniciativa no ha partido en ningún momento del ministro Grande-Marlaska. El letrado recalcó que ni la denunciante ni él han recibido comunicación del responsable del Ministerio del Interior. Expresó que resulta improcedente trasladar a la víctima la carga de pronunciarse sobre la continuidad del ministro en el cargo.

El abogado hizo mención a la respuesta de Gema Barroso, actual DAO interina, quien, según relató a Europa Press el propio Piedrafita, brindó atención a la denunciante con “mucho tacto y empatía” cuando esta acudió a expresar los hechos. Barroso, según el relato, animó a la agente a continuar adelante con el proceso, reconociendo la gravedad de la situación narrada y mostrando apoyo para que persistiera en la denuncia, incluso ante todas las consecuencias que pudiera acarrearle.

En relación con las declaraciones de Marlaska en el Congreso, referidas por Europa Press y recogidas en la misma entrevista, Piedrafita se mostró crítico con la postura del ministro de condicionar su dimisión a que la víctima le comunique sentirse desprotegida. El abogado consideró que esa afirmación implica un traslado injustificado de presión a la víctima, quien llegó incluso a preguntarse –según su propia versión– si el futuro del titular de Interior dependía de su decisión. El letrado insistió en que la tranquilidad y la protección de la víctima deben prevalecer, y en ningún caso someterla a mayor presión al poner sobre sus hombros la posible renuncia de un alto cargo.

Piedrafita cuestionó también las decisiones tomadas contra Óscar San Juan González, comisario y asesor del DAO, y la petición de dimisión al DAO realizada por Grande-Marlaska, así como la apertura de un expediente disciplinario, en vez de proceder a sus ceses directos. Según reportó Europa Press, el abogado insistió en la existencia de "muchas cosas mal hechas" en la gestión del caso, por lo que instó a que sean los altos cargos tanto del propio cuerpo policial como del Ministerio quienes asuman las consecuencias de sus actos, sin desplazar a la víctima la toma de decisiones que corresponden a la administración.

Durante la conversación, Piedrafita también subrayó que la agente policía permanece bajo baja psicológica desde julio de 2025 y, según detalló el letrado a Europa Press, ninguna persona del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del cuerpo policial se ha puesto en contacto con ella desde entonces. Además, el abogado llamó a poner fin a la presión y las críticas que ha recibido la denunciante, remarcando que la situación personal y profesional de su clienta ya se encuentra muy afectada como consecuencia de estos episodios y del proceso judicial en curso.

A lo largo de las entrevistas citadas por Europa Press, Piedrafita reiteró la importancia de que las estructuras administrativas y jerárquicas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional revisen su proceder en casos de denuncias de agresión sexual en el seno de las fuerzas de seguridad. Sostuvo que el acompañamiento institucional y la asunción de responsabilidades deben ser prioridad para evitar que la víctima enfrente una doble victimización, tanto por los hechos denunciados como por su tratamiento posterior.