La víctima de un presunto delito de agresión sexual atribuido al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional expuso en su denuncia que el 24 de julio de 2025, mientras se encontraba en el despacho de la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, recibió una llamada proveniente del despacho de José Ángel González, por entonces DAO. Según la información recabada por Europa Press, este episodio ocurrió en la sede de la Dirección General de la Policía, ubicada en la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid, donde la agente se hallaba tras haber sido destinada a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
La denuncia, consultada por Europa Press, señala que luego de ese contacto telefónico y dentro del mismo despacho de Barroso, la agente manifestó a la responsable interina de recursos humanos que no se encontraba en condiciones de continuar prestando servicio por motivos de salud mental. Acto seguido, la subdirectora dispuso su acceso al equipo de apoyo psicosocial, situación en la que permanece desde entonces, de baja laboral y con el arma reglamentaria retirada.
El expediente presentado por la agente especializada incluye múltiples registros de llamadas, mensajes y grabaciones de audio en las que se acusa tanto al DAO como a su asesor, el comisario Óscar San Juan González, de mantener lo que la denuncia califica como una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica” contra la víctima. De acuerdo con Europa Press, los denunciados habrían incluso llegado a ofrecerle distintos puestos dentro de la Policía a condición de su silencio.
La presunta agresión sexual relatada por la agente ocurrió el 23 de abril de 2025. Según publicación de Europa Press, a raíz de aquel hecho, comenzaron las comunicaciones reiteradas e intimidatorias por parte del DAO y su entorno cercano, motivando el posterior estado de ansiedad y la baja médica de la funcionaria. Estas supuestas presiones incluyeron también a otros altos cargos policiales, conforme a lo recogido en el escrito presentado ante la justicia.
En el momento de la llamada que precipitó la baja médica de la agente, Barroso ya ejercía como responsable interina de la DAO tras la aplicación de la Orden 859/2023 de 21 de julio. Este reglamento establece el relevo inmediato en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Dirección Adjunta Operativa, cargo que en ese entonces había quedado temporalmente vacante hasta la convocatoria formal del puesto por parte del Ministerio del Interior, detalló Europa Press.
La demandante, previamente destinada en la Comisaría Local de Coslada, se hallaba incorporándose a su nuevo destino en recursos humanos y formación cuando se desarrollaron estos hechos. En la denuncia consta además que la relación personal mantenida tiempo atrás con el DAO se caracterizó por una “asimetría de poder institucional manifiesta” debido a los rangos jerárquicos de ambos dentro del cuerpo, consignó el medio.
Europa Press informó también que tanto el DAO José Ángel González como su asesor Óscar San Juan González fueron apartados de sus cargos a raíz de la denuncia. Según el expediente presentado por la agente y citado por el medio, la situación laboral de la denunciante no ha experimentado cambios desde la presentación de la querella, manteniéndose en baja laboral y bajo seguimiento del equipo psicosocial de la Policía Nacional.
La documentación recabada para la denuncia incluye pruebas materiales de las comunicaciones atribuidas tanto al DAO como a su asesor y da cuenta de las reacciones que la supuesta campaña de acoso generó en la denunciante. Europa Press señala que la agente precisó el apoyo psicológico como resultado directo de estos episodios y que la decisión de solicitar la baja se tomó de inmediato después de los hechos acaecidos en el mes de julio en la Dirección General de la Policía.
El conjunto de elementos presentados en la denuncia aborda tanto los incidentes ocurridos en el ámbito laboral como las consecuencias derivadas para la salud mental de la agente afectada, centrándose principalmente en la dimensión institucional de las relaciones involucradas, los procedimientos adoptados tras la presunta agresión y la actuación de los cargos policiales implicados, según reportó Europa Press.
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