Bruselas seguirá adelante con la prohibición de servicios marítimos al crudo ruso aún sin acuerdo en el G7

El próximo paquete de sanciones de la Unión Europea contempla la inclusión de 43 nuevos buques en la lista negra comunitaria, lo que incrementaría a 640 las embarcaciones sancionadas por colaborar en el transporte de petróleo ruso en circunstancias consideradas opacas o irregulares. Este endurecimiento aborda principalmente la denominada “flota fantasma”, formada por barcos que buscan eludir los controles internacionales para continuar con la exportación de hidrocarburos desde Rusia. De acuerdo con el medio de comunicación que reportó la noticia, la Comisión Europea avanza con estas medidas como parte de una estrategia más amplia para restringir los ingresos energéticos rusos.

Según informó la fuente, la Comisión Europea ha decidido impulsar la prohibición total de servicios marítimos relacionados con el petróleo ruso, una propuesta incluida en el vigésimo paquete de sanciones ahora en debate entre los Estados miembro. Esta normativa, cuya implementación está programada para el 24 de febrero, afecta tanto el transporte naval como los servicios vinculados, con el objetivo de obstaculizar la venta de crudo ruso, incluso cuando estas operaciones se efectúan a través de embarcaciones bajo banderas de terceros países. La Comisión busca así mantener la presión sobre la economía rusa tras la invasión de Ucrania, extendiendo su paquete de restricciones a nuevos sectores, incluyendo la energía, los servicios financieros y el comercio.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, indicó en conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) que una actuación alineada con los socios del G7 generaría el máximo impacto posible. No obstante, Dombrovskis remarcó la determinación europea de implementar estas restricciones aunque no exista un acuerdo previo dentro del grupo de las principales economías avanzadas. “Cuanto más alineados podamos estar, incluido a nivel del G7, mejor”, comentó el comisario, aunque subrayó que “la UE hará lo que sea necesario” en el territorio comunitario sin condicionar sus acciones a un consenso con socios externos, según detalló el medio.

De acuerdo con la información publicada, el veto implica impedir todos los servicios marítimos al crudo ruso, sin excepción para las operaciones realizadas por navieras o proveedores de servicios registrados fuera de la Unión Europea. La decisión responde a una estrategia desarrollada para dificultar la comercialización internacional del petróleo ruso, que constituye una de las principales fuentes de financiación del Kremlin. La Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, ha centrado esta propuesta especialmente en los flujos de hidrocarburos que se gestionan a través de operadores situados en países ajenos a la UE, con el fin de dificultar que los ingresos de estas transacciones beneficien a Rusia.

El medio señaló que, en la génesis de esta medida, la idea de coordinar la aplicación con aliados internacionales surgió dada la naturaleza global del transporte marítimo. Sin embargo, la Comisión avisó que emprendería la prohibición unilateralmente si no se lograba un acuerdo con el G7, que hasta el momento no se ha materializado pese a diversas rondas de negociación. Las autoridades comunitarias insisten en que la coordinación facilitaría un control más efectivo, aunque consideran que la decisión no puede quedar en suspenso debido al estancamiento en las conversaciones.

En la actualidad, el régimen de sanciones comunitario ya incluye restricciones al transporte y a la financiación relacionados con hidrocarburos rusos, pero la Comisión Europea plantea con este paquete un refuerzo sustancial de los mecanismos de control y seguimiento. Además de añadir nuevas embarcaciones a la lista negra por facilitar el comercio de crudo ruso bajo condiciones opacas, el paquete de sanciones apunta a endurecer los controles de cumplimiento incluidos en los servicios marítimos y logísticos.

Bruselas fundamenta su decisión en la necesidad de evitar que embarcaciones sancionadas continúen operando gracias a cambios de bandera, transferencias de propiedad poco transparentes o colaboración con intermediarios de terceros países. Según detalló el medio, este fenómeno ha adquirido mayor relevancia desde el inicio de las sanciones energéticas tras la invasión rusa a Ucrania, lo que motivó la atención especial sobre la “flota fantasma”.

El nuevo paquete de sanciones está inscrito en la estrategia comunitaria para disminuir la capacidad de Rusia de financiar su aparato militar a través de los ingresos derivados de las exportaciones energéticas. El medio indicó que, con la entrada en vigor prevista para el 24 de febrero, la Comisión Europea espera mantener activa la presión económica sobre Moscú y limitar la capacidad del Kremlin para sortear las medidas restrictivas aplicadas por Occidente.