Australia asegura que no repatriará a sus nacionales recluidos en Siria tras la caída de Estado Islámico

El gobierno de Anthony Albanese rechaza cualquier esfuerzo para devolver a sus connacionales retenidos en el noreste sirio, subrayando que quienes apoyaron a Estado Islámico afrontarán consecuencias legales si logran regresar por vías no oficiales

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Anthony Albanese, primer ministro de Australia, señaló que quienes han salido del país hacia Siria para apoyar al autoproclamado Estado Islámico no recibirán ayuda consular ni serán repatriados, informó ABC. Esta posición fue reiterada tras reportes de que un grupo compuesto por once familias australianas, sumando un total de 34 mujeres y menores, abandonó el campamento de Al Roj en el noreste de Siria con la intención de regresar a Australia, aunque permanecen dentro de territorio sirio.

La negativa del Ejecutivo australiano de facilitar la repatriación de estos ciudadanos se mantuvo firme pese a la atención pública que ha generado la situación de mujeres y niños australianos retenidos en campamentos desde 2019, año en que colapsó el control de Estado Islámico en la región. Según publicó ABC, los mencionados ciudadanos intentaron viajar a Damasco para emprender el retorno, pero las autoridades sirias impidieron su traslado obligando al grupo a regresar al campamento bajo custodia de fuerzas kurdas.

En una entrevista con la cadena ABC, Albanese destacó que las personas en cuestión viajaron voluntariamente para respaldar a individuos que pretendían establecer un califato y que tales acciones conllevan consecuencias legales bajo la ley australiana. El mandatario remarcó: “No los repatriaremos”. Añadió que el gobierno ya enfrentó un proceso judicial iniciado por una organización no gubernamental que reclamaba la responsabilidad de Australia por sus ciudadanos en Siria, pero que la demanda no prosperó.

En cuanto a la presencia de menores en los campamentos, Albanese fue consultado sobre la posibilidad de asistencia consular o repatriación. El primer ministro reiteró la postura oficial de Australia, subrayando que la firme decisión del gobierno es no intervenir, ni siquiera en los casos que involucran a niños que han nacido o crecido en condiciones de desplazamiento en Siria, según detalló ABC.

El dirigente australiano sí señaló que el personal del servicio exterior tiene funciones que cumplir, pero recalcó que, de lograrse el retorno de alguno de estos ciudadanos por vías propias, aquellos que hayan infringido leyes australianas afrontarán procesos judiciales y sanciones según la legislación nacional. “Quienes hayan infringido alguna ley se enfrentarán a todo el peso de la ley”, declaró Albanese, según consignó el medio australiano.

La información publicada por ABC situó en contexto la situación en Al Roj y Al Hol, dos campamentos donde, desde 2019, residen decenas de miles de mujeres y menores de distintas nacionalidades. Muchas de estas personas son sospechosas de ser familiares de integrantes de Estado Islámico o de haber mantenido vínculos con el grupo extremista. Las dificultades para abandonar los campamentos y la reticencia de los países de origen a repatriar a sus nacionales han originado complejos escenarios legales y humanitarios.

El caso del grupo australiano que buscó marcharse de Al Roj el lunes atrajo nuevas miradas sobre la gestión gubernamental de Australia respecto a sus ciudadanos vinculados al conflicto sirio. ABC indicó que, pese a la intención manifiesta de volver al país oceánico, la falta de autorización oficial de Siria frustró el traslado del grupo a Damasco y su eventual salida hacia Australia. Las fuerzas kurdas mantienen la custodia de los campos y controlan los desplazamientos de sus ocupantes.

Las declaraciones de Albanese se enmarcan en el debate internacional sobre la repatriación de ciudadanos nacionales que permanecen en Siria tras la derrota territorial de Estado Islámico. Varios gobiernos mantienen restricciones, alegando motivos de seguridad y dificultades jurídicas para procesar a posibles participantes o colaboradores de la organización terrorista. El Ejecutivo australiano ha expuesto repetidamente su posición de que aquellos que hayan apoyado a Estado Islámico deben enfrentar las consecuencias legales y que el retorno a suelo australiano no dispondrá de facilidades por parte del Estado.

Aunque la presión de familiares y organizaciones de derechos humanos ha llegado a instancias judiciales, hasta ahora el gobierno australiano se ha sostenido en el rechazo a repatriar a sus nacionales desde Siria. Según ABC, la decisión permanece sin cambios, incluso cuando la atención internacional se centra en la situación de niños y mujeres en campamentos como Al Roj y Al Hol.