VÍDEO: Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE

Durante el debate celebrado en el Parlamento Europeo sobre la futura regularización extraordinaria de migrantes en España, el comisario europeo responsable de Migración destacó las cifras actuales sobre el retorno de migrantes irregulares en la Unión Europea, afirmando que “solo uno de cada cinco migrantes irregulares en la UE es retornado” y expresó la necesidad de invertir esta tendencia. A partir de esta aseveración, la Comisión Europea ha transmitido su exigencia al Gobierno español para que la medida de regularización, aunque competencia exclusiva del Estado, contemple salvaguardas que garanticen su cumplimiento sin repercusiones negativas en el resto del bloque comunitario, según reportó Europa Press.

El Ejecutivo comunitario subrayó que el permiso de residencia concedido por España en ningún caso permite el libre desplazamiento por toda la Unión Europea y que existen normas claras que imponen el retorno al país de origen del permiso cuando se detecta la residencia irregular en otro Estado miembro. Europa Press consignó las palabras del comisario, quien insistió en que los Estados miembro deben actuar respetando estos límites, “garantizando que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea”. El funcionario reclamó además que los Estados miembro no utilicen los procesos nacionales de regularización como mecanismo indirecto para facilitar la movilidad libre dentro del espacio Schengen, recordando la obligación de aplicar controles eficaces y de tratar los posibles abusos migratorios con rigor.

Según detalló Europa Press, los intercambios parlamentarios en Bruselas estuvieron marcados por posturas encontradas. Desde las filas de los socialdemócratas, los verdes y la izquierda, los eurodiputados argumentaron que la regularización responde a una realidad ya existente en España y a la necesidad de reconocer derechos básicos a quienes forman parte de la economía y la sociedad españolas. La portavoz de los Socialistas y Demócratas, Iratxe García, sostuvo que el debate impulsado por los partidos conservadores busca “atacar a un Gobierno legítimo” y enmarcó las críticas en una estrategia para “alimentar el miedo y la mentira” en sintonía con discursos conservadores internacionales.

A su vez, el Partido Popular Europeo (PPE) y varios grupos de la derecha y ultraderecha plantearon reservas sobre el impacto de la regularización, cuestionando lo que definen como una decisión “unilateral” del gobierno español. El portavoz sueco del PPE, Tomas Tobé, afirmó, según cita Europa Press, que la medida no obedece a razones de solidaridad, sino a “una estrategia política para complacer a sus colegas de izquierda y mantenerse en el poder”. Tobé advirtió de la repercusión de la iniciativa sobre el resto de socios europeos y sostuvo que este tipo de medidas “socavan” los esfuerzos por fortalecer el control fronterizo de la Unión.

Otras voces conservadoras reiteraron que España no debe actuar de “manera unilateral” ni aplicar políticas migratorias que tengan un alcance masivo en el resto del bloque. Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, remarcó la importancia de que la migración legal se base en procesos consensuados y decisiones individuales, mientras que desde la ultraderecha, Kinga Gal de los Patriotas por Europa, cuestionó la "hipocresía" de la Comisión Europea por no sancionar a España y reclamó detener lo que calificó como una política permisiva en materia migratoria.

Europa Press informó también que la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, rechazó la narrativa sobre el supuesto peligro de la migración irregular y la atribuyó a intereses políticos que buscan legitimar discursos xenófobos. La líder de la Izquierda europea y representante de Podemos, Irene Montero, defendió que la obtención de permisos de residencia equivale a la obtención de derechos y acusó a los detractores de la regularización de reducir a los migrantes a la condición de “esclavos”.

Durante la sesión, el comisario europeo insistió en la importancia del principio de “solidaridad y responsabilidad” a la hora de gestionar la migración. Según recopiló Europa Press, el funcionario avisó de que el equilibrio entre ambos conceptos es imprescindible en las políticas nacionales y que, como norma, los migrantes irregulares deben ser retornados de la Unión Europea si carecen de ese derecho de residencia, reiterando que la credibilidad de las políticas comunes depende del cumplimiento de dicha regla.

El responsable de Migración expuso que los datos recientes muestran una reducción de las llegadas irregulares gracias al refuerzo de los controles de la frontera exterior y a la introducción de nuevas herramientas tecnológicas para la gestión migratoria, como el nuevo sistema informático de entrada y salida. Según precisó el comisario, este sistema estará plenamente operativo desde abril y facilitará controles más exhaustivos sobre quienes acceden y salen del territorio europeo.

En relación con la regularización en territorio español, la Comisión Europea hizo una llamada a la “cooperación sincera” entre los Estados miembro, tal como recogió Europa Press, y manifestó que cada permiso de residencia debe respetar la legalidad común y no ser percibido como una vía de acceso libre al espacio comunitario. La autoridad comunitaria solicitó que los procedimientos contemplen mecanismos de control eficaces y velen por la rápida identificación y expulsión de quienes pierdan el derecho a permanecer en la UE.

El debate evidenció las profundas divisiones políticas respecto a la gestión de la migración y su impacto en el espacio Schengen. Las intervenciones reflejaron preocupaciones relacionadas con la seguridad, la economía y los derechos humanos, así como los desafíos que afronta la Unión Europea ante la presión migratoria y las discrepancias entre aliados europeos. La regularización extraordinaria proyectada por el Gobierno español continúa generando un intenso debate en Bruselas sobre su impacto y la necesidad de que respete los acuerdos y regulaciones compartidas dentro del bloque, según puntualizó Europa Press.