El Gobierno veta la ley de Podemos para nacionalizar Repsol por suponer un coste de 9.000 millones

Según informó Europa Press en un informe remitido al Congreso, la administración central estimó que la adquisición de una participación mayoritaria en Repsol tendría un impacto económico directo de 8.960,7 millones de euros, lo que afectaría de forma significativa las partidas presupuestarias designadas para la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ese cálculo se realizó a partir de una capitalización bursátil de Repsol de 17.570 millones de euros con fecha 21 de noviembre de 2025. El motivo de este informe fue la presentación en el Congreso de una proposición de ley enviada por Podemos que buscaba que el Estado, a través de SEPI, obtuviera hasta un 51% del accionariado de la empresa energética. El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de esta propuesta y, según consignó Europa Press, fundamenta su rechazo en la magnitud del gasto y en las implicaciones que tendría sobre las cuentas públicas.

La proposición impulsada por Podemos preveía que la SEPI realizara una adquisición inicial de un 25% de las acciones de Repsol, con el objetivo de que el Estado se posicionase como principal accionista de la energética. El texto de la iniciativa, divulgado por Europa Press, especificaba que antes del 29 de octubre de 2026, la participación estatal debería ampliarse hasta alcanzar el 51%, convirtiendo así al Estado en el accionista mayoritario y retomando el control del sector energético estratégico. Los impulsores de la propuesta planteaban financiar la operación con recursos destinados a aumentar el gasto en defensa, orientando esos fondos hacia la adquisición del paquete accionario de Repsol.

De acuerdo con el escrito de disconformidad recogido por Europa Press, el Ejecutivo argumentó que la operación supondría una cifra total cercana a los 8.960,7 millones de euros, divididos en dos etapas: 4.392,5 millones para la compra inicial del 25% del capital y 4.568,2 millones adicionales para llegar al 51% de las acciones. El Gobierno utilizó el artículo 134.6 de la Constitución, que le otorga la facultad de mostrar su desacuerdo y bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que representen un aumento del gasto público o una caída de los ingresos estatales. Ese precepto fue la base de la decisión comunicada a la Cámara Baja, según Europa Press.

El documento oficial remitido al Congreso subrayó que la dotación presupuestaria afectada corresponde exclusivamente a la contribución patrimonial a la SEPI. El Ejecutivo expuso que cualquier proyecto legislativo que implique una variación significativa en los recursos del Estado requiere su conformidad expresa y, en este contexto, la magnitud de la operación propuesta por Podemos habría afectado de manera notable a las finanzas públicas, motivo por el que manifestó su disconformidad formal.

Podemos defendió la iniciativa como una forma de recuperar el control público sobre el sector energético, y expresó su intención de reasignar fondos proyectados para el incremento del gasto en defensa. La formación morada insistió en que esta maniobra permitiría al Estado tener un mayor peso en la gestión de una compañía considerada estratégica, reorientando las prioridades del gasto hacia políticas energéticas, según los argumentos de la proposición mencionada por Europa Press.

La facultad del Ejecutivo para vetar proposiciones legislativas como la planteada por Podemos está reconocida en la Constitución española. La normativa permite al Gobierno bloquear iniciativas tramitadas en el Congreso si suponen un coste o una merma de ingresos para el Estado, como ha ocurrido en este caso, explicó Europa Press al analizar el contenido del escrito presentado por el Ejecutivo.

El informe enviado al Parlamento y dado a conocer por Europa Press incluyó desgloses claros sobre el coste de cada fase de la operación, reflejando los cálculos realizados con base en la cotización bursátil de Repsol. El Ejecutivo dejó constancia de que esta adquisición representaría una de las mayores operaciones de adquisición pública en la historia contemporánea del país, lo que justifica, según el análisis enviado, la decisión de impedir la tramitación del proyecto legislativo propuesto por Podemos.