El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, argumentó que los incidentes asociados a la externalización de servicios sanitarios, como los audios sobre directrices dirigidas desde la gerencia de Ribera Salud para elevar las ganancias empresariales en el Hospital de Torrejón y los fallos vinculados a los cribados de cáncer de mama en Andalucía, no pueden considerarse episodios aislados sino que responden a un problema de carácter estructural en el sistema. García sostuvo, de acuerdo con la evidencia disponible, que la orientación privatizadora en la gestión de la sanidad pública ha tenido impactos en la calidad asistencial, especialmente en aspectos como el incremento de infecciones, decesos evitables y el ensanchamiento de las desigualdades. En este contexto, el Consejo de Ministros decidió aprobar el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, medida que limita la cesión de servicios hospitalarios a empresas privadas con el propósito de salvaguardar la naturaleza pública del sistema.

Según detalló el medio elDiario.es, el texto legal presentado anula la ley vigente desde 1997, la cual posibilitaba la colaboración público-privada de modo generalizado, modificando el marco normativo para restringir esta fórmula a circunstancias excepcionales que deberán someterse previamente a una evaluación precisa. El Ejecutivo subrayó que la nueva normativa prioriza la gestión pública como norma central y define los supuestos en los que podrá recurrirse a entidades privadas, enfatizando la necesidad de justificar cada caso concreto en función de la protección de los intereses ciudadanos.

Durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del anteproyecto, la ministra destacó que la ley responde al clamor de la sociedad civil y los colectivos que, durante años, han exigido reforzar el blindaje de la sanidad pública frente a procesos de privatización. "Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", citó la ministra de acuerdo con elDiario.es. García remarcó que la nueva ley “pondrá coto” a situaciones como las investigadas recientemente en varios centros sanitarios y empresas adjudicatarias.

El anteproyecto, señaló el Ejecutivo según consignó elDiario.es, busca establecer un marco normativo que haga excepcional cualquier forma de concertación público-privada, trasladando la carga de la prueba y de la justificación al momento de su autorización. Solo circunstancias muy justificadas, como crisis sanitarias o carencias sobrevenidas de capacidad asistencial, podrían dar cobertura a la externalización, previa evaluación y autorización expresa.

Entre los casos mencionados por la ministra, además de las investigaciones sobre Ribera Salud y las incidencias sucedidas en Andalucía tras la derivación de los cribados de cáncer de mama a empresas externas, se citan diversas denuncias ciudadanas sobre irregularidades en la gestión privada de servicios públicos sociosanitarios. Estas denuncias refuerzan, según la ministra, la tesis de que las incidencias detectadas en los acuerdos entre la administración y las empresas privadas tienen incidencia reiterada y afectan a la integridad del modelo sanitario.

El Gobierno, según publicó elDiario.es, fundamenta la reforma en la idea de que la privatización y la externalización excesiva pueden comprometer no solo la calidad de la asistencia, sino también los principios de equidad y universalidad que inspiran el Sistema Nacional de Salud. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, toda forma de delegación de servicios sanitarios requerirá de una revisión exhaustiva y de garantías reforzadas para evitar efectos adversos en la prestación sanitaria.

En su comparecencia, la ministra incidió en que el proceso de tramitación normativa se acompañará de cauces de participación y escucha a los colectivos sociales involucrados. ElDiario.es detalló que la nueva norma aspira a ofrecer respuestas sistémicas tras varias décadas de críticas continuadas al modelo de colaboración público-privada y tras la experiencia acumulada durante la pandemia, donde el debate sobre gestión y titularidad sanitaria cobró una relevancia central.

El texto del anteproyecto inicia ahora el proceso parlamentario, en el que se prevé que distintas fuerzas políticas y actores sociales presenten enmiendas y observaciones. El Ejecutivo espera que la tramitación avance con la mayor rapidez posible para responder a las demandas sociales en materia de defensa de la sanidad pública. ElDiario.es confirmó que el cambio legal no afectará a situaciones ya en curso hasta que la nueva ley entre en vigor, de modo que los contratos y acuerdos previos seguirán vigentes mientras no se detecten causas objetivas que aconsejen su revisión.

Durante la exposición del anteproyecto, la ministra García reiteró que el propósito es reforzar la gestión pública y garantizar que los fondos y recursos del sistema nacional de salud permanezcan orientados esencialmente al interés general. Añadió que el nuevo marco legal establecerá mecanismos de control y supervisión para evitar irregularidades y garantizar la transparencia en las decisiones sobre gestión y organización en el ámbito sanitario.