
Las organizaciones de agricultores y ganaderos que han impulsado la manifestación en Sevilla manifiestan su preocupación por lo que describen como problemas estructurales que afectan gravemente al sector. Según reportaron Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla, el sector enfrenta una reducción constante de activos agrarios, cierre de explotaciones y una caída significativa de la cabaña ganadera. Estos representantes consideran que la situación ha alcanzado un punto crítico, en el que las dificultades ya no representan un riesgo, sino una realidad palpable que amenaza la viabilidad de la agricultura y la ganadería en Andalucía. La principal noticia que movilizó la protesta es el debate de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo sobre la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para productos agrícolas, que se realiza el martes 10 de febrero.
De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias, la movilización reunió tractores de diferentes puntos de la provincia en la Plaza de España, una de las principales ubicaciones del centro de Sevilla. El acto de protesta fue organizado por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla, asociaciones que argumentan que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur representa una amenaza para la producción agrícola local. Además, la convocatoria incluyó reclamos vinculados a múltiples problemas que, según los manifestantes, ya venía experimentando el sector antes de la negociación comercial actual.
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Según detalló el medio, cinco columnas de tractores iniciaron su trayecto en la madrugada desde distintos municipios de Sevilla: Isla Mayor (salida de la Federación de Arroceros), Los Palacios (desde el recinto ferial), Alcalá del Río (punto de partida en la Cooperativa de Productores del Campo), Carmona (en el Polígono Industrial El Pilero) y Salteras (desde el polígono industrial local). Todas las marchas se convocaron a las 8:00 horas, fijando su llegada conjunta a la Plaza de España aproximadamente a las 11:00 horas.
Los organizadores explicaron que la fecha de la movilización originalmente estaba prevista para el 29 de enero, frente a la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, el temporal de lluvia y viento que afectaba la provincia y que llevó a activar el nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla forzó su aplazamiento, trasladando la convocatoria a martes 10 de febrero. Los convocantes señalan que la nueva fecha coincide con el debate parlamentario europeo sobre los acuerdos UE-Mercosur, especialmente los aspectos relativos a las condiciones de protección para los productos agrícolas europeos.
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Según publicaron las organizaciones convocantes citadas por la agencia, las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo no ofrecen garantías suficientes. Alegan que los países del Mercosur ya han expresado su intención de no cumplir estos mecanismos y aseguran que tales cláusulas carecen de efectividad mientras no se implementen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no exista una autoridad europea independiente encargada de controlar los productos en los puertos de ingreso a la Unión Europea.
El malestar de los agricultores y ganaderos no se limita al acuerdo comercial con Mercosur. Las organizaciones indicaron que este pacto representa solo el factor más reciente de una serie de desafíos acumulados para el sector. Expresaron su rechazo tanto a este como a otros acuerdos comerciales con países extracomunitarios en los que, señalando sus palabras, la agricultura suele convertirse en “moneda de cambio”.
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El medio de comunicación precisó que los participantes de la movilización también reclamaron por las dificultades presupuestarias derivadas de la nueva Política Agraria Común (PAC), el incremento sostenido en los costes de producción y lo que describen como una burocracia excesiva. Argumentan que tales obstáculos afectan directamente la vida de los trabajadores del campo y, a consecuencia de ello, impactan a los consumidores finales.
El campo andaluz mantiene su postura crítica frente a lo que consideran un “ninguneo” de las autoridades y de los responsables de la política agraria comunitaria. La suma de los acuerdos internacionales, la falta de respaldo institucional y el aumento de retos económicos genera, según los convocantes, una situación insostenible para parte esencial del tejido rural en Andalucía. Advirtieron que seguirán movilizándose y exigiendo cambios en las políticas comerciales y agrarias a nivel europeo y nacional.
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