Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán pedir el IMV hasta que cumplan un año de residencia legal

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones citadas por Europa Press, los migrantes que consigan la residencia legal en España tras la regularización extraordinaria anunciada recientemente por el Gobierno no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta que acrediten haber residido legalmente durante al menos doce meses en el país. Esta condición obliga a que quienes se beneficien de este proceso deban renovar su autorización de residencia antes de solicitar la prestación, además de cumplir con el resto de requisitos económicos y administrativos.

La información publicada por Europa Press destaca que el proceso de regularización aún se encuentra en etapas iniciales, pero desde el Ministerio han precisado que el acceso al IMV exige no solo residencia continuada y legal durante un año, sino también que los solicitantes demuestren encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. La valoración de esta situación toma en cuenta el patrimonio neto, los activos no societarios, el nivel de ingresos y rentas, y otros aspectos vinculados a las circunstancias personales de los individuos o de sus unidades de convivencia.

Los responsables del Ministerio detallaron a Europa Press que actualmente las personas en situación irregular quedan excluidas de esta prestación, cuyo objetivo es la prevención del riesgo de pobreza y la exclusión social. El IMV está diseñado como una ayuda económica para quienes no alcanzan unos determinados umbrales de renta, por lo que solo es accesible para quienes puedan acreditar residencia legal y efectiva.

No obstante, las fuentes oficiales subrayaron a Europa Press que la regularización extraordinaria habilitará a los migrantes regularizados a trabajar desde el primer día en cualquier sector y cualquier territorio dentro de España, en igualdad de condiciones y con plenos derechos laborales, lo que facilitará su integración social y profesional.

En cuanto a la cobertura actual del IMV, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó, según recogió Europa Press, que en enero la prestación alcanzaba a 798.312 hogares, donde residen 2.441.675 personas. Más de un millón de beneficiarios corresponden a niños, niñas y adolescentes. Este dato muestra el alcance del programa y la importancia del IMV como herramienta contra la exclusión.

La cuantía media del Ingreso Mínimo Vital se situó en 546,8 euros mensuales por hogar, aunque no existe una cantidad uniforme para todos los beneficiarios. De acuerdo con el portal de la Seguridad Social, el importe se calcula como la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos del beneficiario individual o la unidad de convivencia, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros al mes, siendo este el mínimo que corresponde cobrar en algunos casos.

Para el año 2026, según los datos aportados por el Ministerio y recogidos en Europa Press, la renta garantizada mensual asciende a 733,6 euros. Este monto se incrementa un 22 por ciento en casos de beneficiarios con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Si una persona tiene, por ejemplo, ingresos mensuales de 723,6 euros, le correspondería un IMV de 10 euros, alcanzando así la renta garantizada estipulada.

La cuantía de la renta garantizada aumenta para unidades de convivencia de mayor tamaño. Una unidad compuesta por un adulto y un menor o dos adultos dispone de una renta garantizada de 953,68 euros mensuales; si está formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos, el monto es de 1.173,76 euros. Las configuraciones más amplias pueden llegar hasta 1.613,92 euros si incluyen un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores, o cuatro adultos y un menor. Las unidades monoparentales reciben un incremento adicional del 22 por ciento. Además, por cada menor en la unidad familiar se abona un Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI): 115 euros por menores de tres años, 80,50 euros por niños entre tres y seis años, y 57,50 euros para quienes superan esa edad.

En relación al perfil de los beneficiarios del IMV, la edad media registrada es de 28,4 años y un porcentaje del 53,4 por ciento corresponde a mujeres. En cuanto a la nacionalidad, de acuerdo con los datos del Ministerio recogidos por Europa Press, 139.712 titulares de la prestación son extranjeros, mientras que 658.343 son españoles.

El Ministerio de Inclusión aclara que, para poder acceder al IMV, los solicitantes tienen que acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año previo a la solicitud. Para ciudadanos comunitarios y suizos, es necesario el registro central de extranjeros, y para los nacionales de terceros países, se exige la autorización de residencia correspondiente. Además, el domicilio en España se acredita mediante el certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se justifica con el libro de familia, certificados del registro civil, o los datos padronales pertinentes.

La prestación está condicionada también por el nivel de ingresos y patrimonio; tanto el solicitante como los miembros de su unidad familiar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, según los parámetros establecidos. Según reportó Europa Press, el Ministerio recuerda que el IMV es compatible con ingresos provenientes del trabajo y contempla incentivos para fomentar la inserción laboral, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida familiar.

La exclusión de quienes se encuentren en situación irregular del acceso inmediato al IMV busca ajustar el sistema de protección social a los tiempos legales de estancia y residencia en el país, evitando que se tramiten solicitudes sin una acreditación continuada del vínculo con España. De este modo, la política gubernamental persigue priorizar la regularización, la inserción laboral y la estabilidad jurídica antes de facilitar el acceso a esta ayuda pública.

Así, la regularización extraordinaria permitirá a los nuevos residentes integrarse al mercado laboral y a la vida comunitaria española desde el primer día, pero el acceso a las prestaciones como el IMV permanecerá sujeto a un mínimo de un año de residencia legal, conforme a los criterios y procedimientos que ya rigen para otros residentes legales en el país, según documentó Europa Press.