La regularización extraordinaria despierta inquietud entre la población migrante y alertas por estafas

Varias organizaciones han advertido que numerosos migrantes buscan actualmente cómo obtener el certificado de antecedentes penales, requisito imprescindible para participar en el futuro proceso de regularización, a pesar de que este trámite aún no está operativo. El medio Europa Press reportó que tanto consulados como embajadas de varios países, entre ellos Argelia y Pakistán, han visto un aumento en la demanda de este documento. Estas gestiones se producen en medio de una creciente incertidumbre por la ausencia de detalles oficiales sobre cuándo y cómo funcionará el nuevo procedimiento.

El anuncio del Ejecutivo español sobre una regularización extraordinaria para migrantes ha generado inquietud y grandes expectativas entre la población migrante, según informó Europa Press. Ante la falta de información clara y normativa definitiva, han proliferado ofertas engañosas en redes sociales, donde personas prometen gestionar la inclusión en el proceso a cambio de dinero. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertó sobre estos intentos de estafa y subrayó que el trámite aún no está disponible oficialmente. Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico de CEAR, señaló que la organización ha recibido numerosas consultas tanto de migrantes que ya acompañan como de nuevos solicitantes, quienes expresan dudas y expectativas desde el primer anuncio del Gobierno.

Representantes de Accem también informaron a Europa Press que han acogido una avalancha de preguntas sobre los requisitos y pasos a seguir para optar por la regularización. Las interrogantes más recurrentes giran en torno a cómo será el procedimiento, qué documentos serán necesarios, en qué momento estará habilitado y cómo obtener la documentación exigida desde los países de origen. Una de las preocupaciones frecuentes se relaciona con los costes, demoras y obstáculos para conseguir los certificados de antecedentes penales. Accem recomienda a quienes deseen participar que revisen la vigencia de sus documentos de identificación, como el pasaporte, y que inicien los trámites para renovar los que estén próximos a expirarse o vencidos. Además, sugieren empezar a solicitar ya los certificados criminales ante las autoridades competentes de sus países, pues ese requisito ha sido oficialmente anunciado por el Gobierno.

El volumen de consultas ha aumentado de manera significativa, según entidades como la Federación Sur Acoge, particularmente en Andalucía, donde las peticiones de información se han disparado tanto presencialmente como por teléfono o mediante cita previa. Muchas personas que llevan años en el país sin haber conseguido regularizar su situación han mostrado altas dosis de expectación, apuntó Europa Press con base en los testimonios de las organizaciones. En contraste, Galicia no ha experimentado una presión similar sobre sus oficinas de Extranjería ni sobre la Delegación del Gobierno, según fuentes de la Delegación recogidas por Europa Press, que describieron el contexto como “bastante tranquilo de momento”.

En Cantabria, representantes de Cantabria Acoge explicaron que reciben diariamente más de 50 solicitudes de orientación, aunque remarcaron que persiste una situación de “tensa espera”, ya que la normativa aún no se ha publicado y la decisión final sobre el proceso determinará la vida de muchos solicitantes. Por otro lado, la actuación de migrantes argelinos en Madrid y de personas pakistaníes en Barcelona muestra que el interés por adelantar la obtención de documentos necesarios trasciende regiones y nacionalidades, detalló Europa Press.

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pidió a quienes se verán afectados y a quienes los asisten que actúen con prudencia. El Ejecutivo subrayó que todavía no ha empezado el periodo para iniciar esta regularización. Según Europa Press, el texto inicial de la norma se encuentra hasta el viernes 6 de febrero abierto a consulta pública. Este mecanismo permite la participación ciudadana mediante comentarios y propuestas. Una vez finalizado ese plazo, el Ministerio recopilará y valorará las sugerencias recibidas y enviará el proyecto a distintas instituciones encargadas de emitir informes, entre ellas, el Consejo de Estado. El aval del Consejo será el último paso necesario para asegurar las mayores garantías jurídicas al Real Decreto, paso previo a su retorno al Consejo de Ministros. Solo entonces tendrá lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que se activará el período de solicitudes, que se prevé comience a inicios de abril.

Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones reiteró a través de Europa Press la necesidad de que quienes tengan interés en este asunto accedan únicamente a los canales oficiales del Gobierno de España y a cuentas verificadas y páginas web institucionales, donde se actualizarán los detalles y novedades. Además, recalcó que el contenido del texto aún no es definitivo y que podría sufrir cambios tras la fase de consulta y las revisiones correspondientes.

Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitió este martes una aclaración sobre la postura de los ayuntamientos respecto al proceso. Según declaraciones recogidas por Europa Press, tanto ayuntamientos grandes como pequeños han sido objeto de múltiples consultas ciudadanas que no han podido responder, ya que las corporaciones locales aún no disponen de información sobre la regularización extraordinaria. La FEMP remite a los interesados a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como a canales telemáticos y oficinas de la Seguridad Social, instituciones previstas en los anuncios del Gobierno como puntos habilitados para la tramitación cuando el proceso se abra.

En una comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, adelantó que se prevé la puesta en marcha de espacios específicos para la gestión del procedimiento, mencionando las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, trámites telemáticos y oficinas de la Seguridad Social como los lugares principales donde se podrá acceder al trámite.

En conclusión, según detalló Europa Press, mientras continúa la espera de la aprobación y publicación definitiva del real decreto, la incertidumbre empuja a numerosas personas migrantes a asesorarse y tratar de anticipar la preparación de los documentos necesarios. Ante riesgos como la proliferación de intentos de estafas, el consejo unánime de instituciones y organizaciones sociales es no iniciar ningún trámite con intermediarios que soliciten contraprestaciones económicas y, en cambio, seguir únicamente la información oficial.