
Uno de los líderes de la red que operó entre abril de 2023 y julio de 2024 se mantiene prófugo, pese a que las autoridades lograron identificarlo. Así lo reflejaron los testimonios durante la vista en la Audiencia Provincial donde, según publicó el medio original, una decena de personas confesó haber participado en el envío de cocaína y marihuana desde Perú hasta Mallorca, ocultando los estupefacientes en la estructura de sillas de ruedas. De acuerdo con lo informado, la organización funcionaba mediante correos humanos, conocidos en el argot policial como mulas, quienes transportaban la mercancía desde países latinoamericanos, en su mayoría desde el país andino, hasta la isla balear.
El medio detalló que, tras un pacto con la Fiscalía, las defensas y los acusados alcanzaron un acuerdo por el que admitieron los cargos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Este entendimiento judicial supuso una considerable rebaja sobre las penas inicialmente solicitadas, que sumaban cerca de cien años de prisión en conjunto. Finalmente, los condenados asumieron penas que varían entre un año y medio y cinco años de prisión. La mayoría logró evitar la reclusión, mientras que dos de ellos deberán abonar multas de 215.000 y 126.000 euros respectivamente.
Según indicó la fuente, la Policía Nacional lideró la investigación que permitió descubrir el modus operandi de la red, centrada en el uso de dispositivos ortopédicos para camuflar los cargamentos y el despliegue de una estructura jerarquizada. Cada miembro cumplía un rol específico dentro del entramado: algunos servían de enlace entre traficantes, mientras otros se encargaban tanto del transporte como del almacenamiento de las sustancias estupefacientes.
El proceso judicial repasó cómo, tras la llegada de las drogas a Mallorca, la organización distribuía y vendía las partidas en el mercado local. Durante los registros efectuados durante la operación policial, los agentes confiscaron diversas cantidades de droga, cuya valoración superó los 344.000 euros, según reportó el medio original.
Quedó acreditado durante la audiencia que los envíos partían de diferentes países latinoamericanos, aunque el grueso de la operación se originaba en Perú. La investigación permitió reconstruir la ruta de introducción de la droga hasta el archipiélago balear y desarticular parte de la infraestructura logística del grupo criminal.
El tribunal aceptó la conformidad alcanzada entre las partes, que consolidó una reducción relevante de las penas tras el reconocimiento de los hechos por los procesados. De acuerdo con la información publicada, el reparto de tareas internas y la existencia de un liderazgo claro, aunque actualmente ausente, resultaron elementos clave para el avance del proceso judicial y el posterior derribo de la red.
La valoración económica de las sustancias incautadas y las multas impuestas reflejan la escala de la actividad delictiva. Mientras el líder de la red sigue en paradero desconocido, la intervención policial y judicial sigue teniendo consecuencias sobre el resto de los implicados, cuyas funciones abarcaron desde la intermediación y el transporte hasta el almacenamiento de la droga. El acuerdo judicial permitió que la mayoría de los implicados eludiera la entrada en prisión, aunque recayeron sanciones económicas significativas sobre algunos de ellos.
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