Los demócratas amenazan con no apoyar la ley para financiar al DHS y provocar el cierre parcial del Gobierno

El rechazo demócrata en el Senado ante la financiación del organismo encargado de la seguridad nacional expone a la Administración estadounidense al riesgo de una interrupción parcial, con la fecha límite acercándose y presiones por recientes incidentes mortales en operaciones federales

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Tras la reciente muerte de Alex Jeffrey Pitti en Minneapolis en un incidente con agentes federales del ICE, se intensificó la presión sobre el Senado estadounidense por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con las publicaciones de la agencia Europa Press, la negativa de los senadores demócratas a aprobar el proyecto de ley que mantiene operativo al DHS se traduce en una seria amenaza de cierre parcial del Gobierno federal, con la fecha límite fijada para el próximo viernes 31 de enero.

Según detalló Europa Press, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, manifestó públicamente que su partido no respaldará las partidas presupuestarias para el DHS mientras el organismo mantenga su estructura y prácticas actuales. En sus declaraciones recogidas en redes sociales, Schumer instó al retiro inmediato del ICE de Minnesota, tras considerar inaceptables las dos recientes muertes vinculadas a la actuación de este cuerpo policial en tan solo unas semanas.

El proyecto de financiación del DHS forma parte de un paquete legislativo más amplio, el cual también contempla presupuestos para otras áreas claves del funcionamiento administrativo federal. Tal como publicó Europa Press, la negativa demócrata afecta la aprobación del conjunto de medidas y puede forzar la paralización parcial de la administración si no se logra un acuerdo bipartidista antes de la expiración de los fondos asignados.

Entre los senadores demócratas que exteriorizaron su rechazo, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen reiteraron que no apoyarán el paquete legislativo mientras incluya fondos para el DHS. En palabras de Cortez Masto citadas por Europa Press, la legisladora expresó: “No apoyaré el actual proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional” y exhortó a que se aprueben los cinco proyectos bipartidistas restantes, abordando la financiación de agencias esenciales y al mismo tiempo impulsando reformas en el Departamento de Seguridad Nacional orientadas a resguardar los derechos constitucionales y fortalecer la protección de la ciudadanía.

Jacky Rosen, también demócrata, insistió en la necesidad de reformas estructurales dentro del DHS para combatir los “abusos de poder” que, en su opinión, requieren más transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Según Europa Press, Rosen justificó su oposición a la actual financiación del organismo al sostener: “Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la Administración Trump (...). Por eso, votaré en contra de cualquier paquete de financiación gubernamental que incluya el proyecto de ley que financia a esta agencia (DHS)”.

El trasfondo de la crisis política radica tanto en el clima de polarización partidista en materia de política migratoria y seguridad interna como en los recientes sucesos mortales que involucran a fuerzas federales bajo la órbita del DHS. Europa Press informó que la presión sobre los demócratas aumentó después de que, en noviembre pasado, los senadores Cortez Masto y Rosen votaron junto a republicanos para reabrir el Gobierno tras el cierre más largo de la historia nacional, que se prolongó durante cuarenta y tres días. Este antecedente subraya la relevancia del actual desafío, dada la cercanía de la nueva fecha límite para aprobar un presupuesto y evitar otra interrupción en las operaciones federales.

La situación, según consignó Europa Press, ha originado un intenso debate en el Congreso estadounidense respecto a las condiciones bajo las cuales se debe financiar el aparato de seguridad nacional. Las recientes muertes asociadas al ICE y las demandas de mayor fiscalización sobre sus operaciones han derivado en un punto muerto legislativo que podría paralizar temporalmente sectores clave de la administración federal si las tensiones entre demócratas y republicanos persisten sin una solución negociada antes del cierre fiscal inminente.