Liberadas 15 víctimas de explotación sexual captadas por una organización a través de redes sociales

La investigación de la Policía Nacional, que comenzó en abril e incluyó la intervención de la ONG Our Rescue, permitió descubrir que una de las mujeres logró escapar del lugar donde era obligada a ejercer la prostitución y sufrió agresiones físicas y sexuales. La víctima acudió directamente a la policía solicitando auxilio, un hecho que dio pie a nuevas diligencias en profundidad y facilitó actuaciones concretas para intervenir contra este entramado criminal.

Según la información difundida por la Policía Nacional y reportada por los medios, quince mujeres, en su mayoría de origen asiático, quedaron liberadas después de haber sido captadas por una organización a través de anuncios en redes sociales. Las autoridades detallaron que la operación culminó con la detención de 14 personas: 12 en distintas provincias de las Islas Baleares y dos en Barcelona. De los arrestados, siete quedaron en prisión provisional. Durante la operación, se realizaron diez entradas y registros en distintos inmuebles, decretando la clausura de tres de ellos.

El modus operandi investigado por la policía consistía en contactar a mujeres mediante supuestas ofertas de empleo en España, generalmente como masajistas terapéuticas con un sueldo prometido de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. Algunas víctimas ya residían en territorio peninsular; otras viajaron desde China tras recibir estas propuestas laborales. Según informó la Policía Nacional, la organización costeaba los gastos de traslado, lo que generaba una deuda que debía saldarse ejerciendo la prostitución bajo coacción.

Una vez que las víctimas llegaban a Palma, en las Islas Baleares, miembros de la red las recogían y trasladaban hasta prostíbulos controlados por la organización. El medio policial sostiene que las condiciones impuestas eran extremas, pues las mujeres debían estar disponibles permanentemente, bajo vigilancia continua, y eran obligadas a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, era frecuente que se les forzara a ofrecer servicios sexuales a domicilio, en ocasiones trasladadas personalmente por miembros de la red. Algunas víctimas indicaron que se les obligaba, incluso, a realizar servicios sexuales sin preservativo, uno de los métodos mediante los cuales la organización incrementaba los pagos exigidos a los clientes, según publicó la Policía Nacional.

La red delictiva también ofrecía a las víctimas la opción de regularizar su estatus administrativo a través de matrimonios fraudulentos, para lo cual se exigían pagos elevados. Una vez regularizadas, las identidades de las mujeres se empleaban para abrir cuentas bancarias, contratar suministros o adquirir líneas telefónicas. Tal como señala la investigación, este recurso servía para ocultar la identidad de los principales responsables del negocio de prostitución y dificultar el rastreo por parte de las autoridades.

Según difundió la Policía Nacional, en uno de los tres prostíbulos intervenidos se detectó un beneficio de 1,2 millones de euros, cifra que refleja la magnitud de las ganancias generadas mediante la explotación de las mujeres. Durante los registros, los agentes encontraron cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros en efectivo, así como armas de diversos tipos que incluían pistolas taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otros objetos potencialmente peligrosos.

Además del material bélico, los registros permitieron incautar relojes, joyas, teléfonos móviles y otros artículos de lujo, junto con abundante documentación que, según la Policía Nacional, vincula a los detenidos con la actividad ilegal investigada. El esclarecimiento de los hechos y el rescate de las víctimas fueron posibles a través de este conjunto de actuaciones, sumadas a la colaboración de organizaciones civiles especializadas.

La Policía Nacional reconoció también la presión ejercida sobre las mujeres para saldar las deudas impuestas por la red, así como la utilización constante de la vigilancia y el control personal. El acceso permanente a recursos tecnológicos, la presión para trabajar sin descanso y la persistente coacción marcaron el día a día de las víctimas, quienes finalmente, tras la intervención policial, accedieron a programas de rescate y asistencia ofrecidos por entidades colaboradoras.

En los registros, además de los bienes materiales y documentación, la policía recuperó información que supondrá nuevas investigaciones sobre la estructura organizativa y las ramificaciones de la red. Tanto en Baleares como en Barcelona, las actuaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y garantizar la protección a las mujeres afectadas que aún puedan estar pendientes de ayuda o que permanezcan bajo amenaza. El caso, según la Policía Nacional, evidencia la persistencia de este tipo de redes criminales que, valiéndose de la vulnerabilidad y la necesidad económica, logran atraer a mujeres mediante falsos ofrecimientos, y las someten a una explotación prolongada y controlada bajo amenazas y deudas forzadas.