La presidenta cántabra dice "sí a Mercosur, pero no así": "El sector no puede depender de los caprichos de la CE"

La dirigente regional reclama nuevas condiciones antes de autorizar el pacto UE-Mercosur, exige más controles y garantías para los productores y critica la influencia de la Comisión Europea y el Gobierno central en las decisiones agrarias

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La decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y suspender su ratificación, según publicó el medio original, ha generado reacciones entre autoridades autonómicas. En este contexto, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, manifestó que apoyará el pacto únicamente si incluye una serie de garantías específicas para el sector primario. Sáenz de Buruaga enfatizó que el acuerdo requiere condiciones más estrictas y demandó que los productores regionales no queden sujetos a lo que denominó “los caprichos” del Gobierno central y de la Comisión Europea.

De acuerdo con información consignada por la fuente periodística, la mandataria cántabra expresó en sus redes sociales un respaldo condicionado al tratado, resumiendo su posición con la frase: “Sí a Mercosur, pero no así”. Esta reacción tuvo lugar tras la resolución de la Eurocámara, que solicitó un análisis jurídico sobre la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario, lo que supuso una suspensión de su proceso de ratificación mientras el resto del acuerdo provisional permanece bajo competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según detalló el mismo medio, Sáenz de Buruaga pidió la incorporación de cláusulas automáticas de protección para el sector primario, así como el fortalecimiento de los controles en las fronteras para las importaciones procedentes de los países del Mercosur. La presidenta también solicitó realizar auditorías adicionales en los países exportadores con el objetivo de asegurar que las condiciones sanitarias y fitosanitarias sean equiparables a las exigidas en la Unión Europea.

En sus declaraciones, difundidas originalmente por el medio citado, la líder regional hizo hincapié en la necesidad de establecer reciprocidad en los estándares fitosanitarios y sanitarios, reclamando que los productos que ingresan a los mercados europeos deban cumplir los mismos requisitos que enfrentan los productores locales. Además, insistió en su demanda de que se reduzca la carga normativa que el Ejecutivo comunitario y el Gobierno de España imponen a los agricultores cántabros y españoles.

El acuerdo entre la UE y los países del Mercosur contempla el establecimiento de un espacio de libre comercio que involucra el acceso a mercados para productos agrícolas, la reducción de aranceles y la eliminación de barreras técnicas al comercio. Sin embargo, sectores agrícolas y representantes regionales, como la presidenta cántabra, han expresado preocupaciones sobre las consecuencias que la entrada en vigor del acuerdo podría provocar en los productores europeos, especialmente en lo que respecta a la competencia con productos procedentes de países con distintas normativas sanitarias y ambientales.

Según consta en la comunicación citada, Sáenz de Buruaga reiteró el compromiso del Gobierno de Cantabria con los agricultores y ganaderos de la región, manifestando que: “Nuestros ganaderos y agricultores son lo primero. Nunca les vamos a dejar solos”. La presidenta subrayó que el respaldo de su gobierno al acuerdo dependerá del cumplimiento de los requisitos mencionados, remarcando la importancia de garantizar protección efectiva para el sector primario de la región y condiciones equitativas en el comercio internacional.

La suspensión de la ratificación del acuerdo tras la intervención del Parlamento Europeo deja la aplicación provisional de ciertas partes del tratado en manos de la Comisión Europea, según aclaró el medio original. Mientras tanto, las exigencias de gobiernos autonómicos y entidades representativas del campo continúan centradas en reclamar más garantías y mecanismos de control que protejan los intereses de los productores europeos ante la competencia de terceros países con menores exigencias regulatorias.

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