La familia de Edison José Torres Fernández, así como diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, han exigido una investigación independiente tras su fallecimiento bajo custodia oficial, ocurrido en Caracas este sábado, según consignó Europa Press. El caso involucra al policía de 52 años, originario del estado Portuguesa y con dos décadas de servicio, quien se encontraba detenido desde inicios de diciembre. Distintos colectivos acusan ausencia de transparencia estatal y solicitan que se esclarezcan a fondo las circunstancias de la muerte, mientras el Ministerio Público sostiene que el deceso tuvo causas naturales asociadas a una atención médica inmediata.
Europa Press reportó que la Fiscalía venezolana afirmó, mediante un comunicado difundido en redes sociales, que Torres Fernández sufrió primero una descompensación de salud súbita, seguida de un evento cerebrovascular y posteriormente un paro cardíaco, lo que habría ocasionado su fallecimiento. El organismo indicó que el expolicía fue trasladado de forma inmediata a un hospital en el sector este de la capital, donde, según aseguraron, recibió atención médica oportuna. Sin embargo, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) refutó la versión oficial y denunció que la muerte se produjo bajo custodia del Estado, argumentando que la falta de explicaciones claras coloca la responsabilidad sobre las autoridades venezolanas. El CLIPP también exigió que se realice una investigación "inmediata, independiente y transparente" para clarificar lo sucedido durante la detención y el traslado médico del agente.
Según el reporte de Europa Press, la detención de Edison Torres había tenido lugar tras la difusión de mensajes en los que el agente expresaba críticas hacia las autoridades nacionales y hacia el gobernador regional. La organización CLIPP señaló que en ese contexto, a Torres le imputaron cargos de traición a la patria y asociación para delinquir, en un proceso que generó cuestionamientos sobre la criminalización de la expresión de opiniones políticas entre integrantes de cuerpos policiales. Por su parte, el Ministerio Público venezolano afirmó que la detención respondió a "actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado", sin aportar detalles específicos sobre los hechos concretos que motivaron el procedimiento contra Torres.
Paralelamente, Europa Press detalló que la organización Foro Penal notificó durante el fin de semana la liberación de 17 personas incluidas en su registro de presos políticos a partir del viernes. Sin embargo, según los datos mantenidos por esta ONG, todavía permanecen 803 personas detenidas por causas que la entidad considera de carácter político. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, había declarado el jueves previo la liberación de un "número importante" de presos. Rodríguez evitó precisar tanto el número exacto de liberados como su nacionalidad, aunque descripto el acto como una iniciativa orientada a la "búsqueda de la paz".
El caso de Edison Torres pone en primer plano la controversia sobre las condiciones de las personas detenidas en Venezuela en causas que organizaciones humanitarias identifican como motivadas por la opinión política. Según publicó Europa Press, la exigencia tanto de familiares como de agrupaciones como el CLIPP se centra en que la administración de justicia y las autoridades penitenciarias ofrezcan explicaciones exhaustivas y permitan la participación de expertos independientes que puedan determinar si el fallecimiento estuvo directamente vinculado a malas condiciones de detención, negligencia o circunstancias no esclarecidas. La Fiscalía, hasta la fecha, sostiene su versión sobre el origen natural del deceso, fundamentando sus argumentos en informes médicos.
Europa Press recoge que la muerte de Torres Fernández se da en el contexto de una serie de liberaciones de presos y pronunciamientos oficiales que intentan trasladar una imagen de flexibilización en materia de detenciones políticas. Sin embargo, la persistencia de altas cifras de personas encarceladas y las denuncias reiteradas sobre procedimientos judiciales opacos alimentan las demandas de una reforma más profunda en las prácticas de custodia y procesamiento de los casos con trasfondo político. La situación se complica ante la ausencia de detalles oficiales sobre los episodios concretos que condujeron a la detención del agente policial y a los argumentos que sostienen los cargos presentados por las autoridades venezolanas.
Las organizaciones como Foro Penal y el CLIPP insisten en la necesidad de informes públicos y verificables que permitan dar seguimiento a las condiciones de quienes permanecen detenidos y al resultado de las investigaciones presentadas en casos de muertes bajo custodia. Europa Press subrayó que el fallecimiento de Torres Fernández coincide con otras acciones puntuales del Estado orientadas a mostrar gestos de diálogo, pero sin un reconocimiento explícito a los reclamos de organizaciones nacionales e internacionales sobre la transparencia y garantías del debido proceso.