Detenido por filtrar información el director de relaciones públicas del alcalde asesinado de Uruapan, en México

La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan incluyó señalamientos de ejecución extrajudicial tras el ataque. Entre los detalles que surgieron en las semanas posteriores, destaca que uno de los siete policías municipales detenidos, el escolta Demetrio 'N', habría disparado de forma letal contra el sicario adolescente de 17 años identificado como Víctor Ubaldo, responsable material del homicidio del alcalde, según consignó el medio original. Así se ha ido develando una compleja trama de irregularidades y filtraciones que rodearon el homicidio perpetrado en noviembre de 2025.

Según informó el medio, las autoridades mexicanas detuvieron a Samuel García Rivero, quien ejercía como director de Relaciones Públicas y Protocolo en el ayuntamiento de Uruapan, en el estado de Michoacán. La detención se produjo tras investigar la filtración de información confidencial sobre la agenda, los movimientos y horarios del entonces alcalde Carlos Manzo durante la celebración del Día de Muertos, actitudes que según los reportes oficiales habrían facilitado el crimen contra el edil, ocurrido el 1 de noviembre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, comunicó que García Rivero fue arrestado el jueves de la semana anterior, mientras que Josué Elogio 'N', un taxista, fue aprehendido al día siguiente. Según publicó el funcionario en su cuenta oficial de X, ambas personas mantenían comunicación directa con el grupo delictivo vinculado al asesinato y les suministraron datos sensibles y ubicaciones precisas de la víctima. "Estas personas filtraban información sensible y ubicaciones de Carlos Manzo y mantenían comunicación directa con el grupo criminal responsable, facilitando la planeación y ejecución del homicidio", escribió García Harfuch en redes sociales. El secretario puntualizó que ambos detenidos ya tenían antecedentes judiciales y órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y lesiones calificadas, reportó el medio fuente.

El asesinato de Carlos Manzo se produjo durante un acto público con motivo del Día de Muertos en el centro de Uruapan, una festividad de amplia concurrencia. Según detalló la Fiscalía estatal, el alcalde había recibido amenazas previas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo que ofreció un pago de dos millones de pesos, equivalentes a 94.000 euros, por el homicidio, aseveró el medio. Estas amenazas y la recompensa establecida por el cártel formaron parte del contexto previo al ataque, lo que puso a las autoridades en alerta sobre posibles riesgos para la integridad del alcalde y de su entorno cercano.

Tras el atentado, la investigación oficial permitió detectar distintas irregularidades, incluidos posibles actos de encubrimiento y participación de funcionarios públicos en los hechos. El medio consignó que el escolta personal del alcalde integraba una lista de siete policías municipales que terminaron bajo arresto, acusados de tener algún grado de implicación. Entre estos detenidos figura el mencionado Demetrio 'N', quien, según la indagatoria, ejecutó al autor material del asesinato en un acto separado que trascendió por su brutalidad y la intervención policial directa, según informó la fuente citada.

La Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han insistido públicamente en el compromiso para esclarecer el asesinato. García Harfuch afirmó que el propósito del Gobierno de México es garantizar que no quede impune ningún aspecto del caso. "El compromiso del Gobierno de México es claro: esclarecer plenamente este crimen y que no haya impunidad", publicó el responsable federal a través de redes. Esta declaración se insertó en el contexto de exigencias nacionales e internacionales por una mayor transparencia y rigor en las investigaciones de asesinatos políticos en México, y por la necesidad de frenar la violencia contra funcionarios locales.

El caso de Samuel García Rivero y su presunta colaboración con organizaciones criminales subraya la vulnerabilidad de las estructuras municipales frente a las presiones del crimen organizado. La investigación reveló, de acuerdo a la fuente, una red de transmisión de datos sensibles que incluyó a personas del círculo de confianza del propio edil, lo que facilitó la planeación del ataque y la posterior operación del grupo delictivo.

El asesinato de Carlos Manzo y las detenciones derivadas han reactivado cuestionamientos sobre la seguridad de los mandatarios municipales en regiones afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Las autoridades han reforzado el mensaje de tolerancia cero frente a colaboradores de los cárteles dentro de la administración pública municipal y estatal, según remarcó la fuente. Estos hechos mantienen en el centro de la atención nacional la protección de los funcionarios públicos y la erradicación de la impunidad en casos de violencia política.