Sumar pide explicaciones al Gobierno por el bloqueo "masivo" de direcciones de IP durante partidos de LaLiga

En las últimas semanas, compañías internacionales dedicadas a proveer servicios de infraestructura digital han advertido acerca de interrupciones generalizadas en el acceso a páginas web legales, atribuidas a bloqueos masivos de direcciones IP implementados durante la transmisión de partidos de la Liga española de fútbol. Según informó Europa Press, estas empresas sostienen que el fenómeno ha repercutido sobre miles de portales y ha provocado la interrupción de servicios informativos, comerciales, educativos y de comunicación, sin relación con actividades ilícitas de distribución de contenidos deportivos.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Sumar, grupo parlamentario y socio minoritario en el Gobierno, solicitó al Ejecutivo español aclaraciones sobre la ejecución de estos bloqueos, que se han producido repetidamente mientras se desarrollaban encuentros de LaLiga. El medio detalló que esta práctica se ampara en resoluciones judiciales, dirigidas no a proveedores globales de infraestructura, sino directamente a operadores de telecomunicaciones en España, quienes reciben órdenes de restricción de acceso generalizadas. El enfoque, según manifiestan desde Sumar, distingue a España de otros países europeos, donde las medidas contra la retransmisión no autorizada se aplican de manera distinta.

En un escrito registrado en el Congreso, Sumar advirtió que la ejecución técnica de los bloqueos en territorio español presenta un carácter indirecto y poco preciso, lo que ha estimulado un fenómeno de “sobrebloqueo”. Esta situación implica que las medidas afectan no solo a sitios implicados en infracciones de derechos de autor, sino también a miles de páginas legítimas sin vínculos con contenidos ilegales, según reportó el grupo parlamentario. Las empresas de infraestructura consultadas, entre ellas Cloudflare, alertaron sobre deficiencias técnicas cuando las restricciones de acceso impactaron a webs que compartían direcciones IP, extendiendo el alcance del bloqueo más allá de los portales señalados judicialmente.

Europa Press consignó que Sumar ha subrayado la ausencia de mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en la aplicación de estas medidas, lo cual habría dejado a usuarios españoles sin acceso a servicios esenciales sin posibilidad de reclamación efectiva. El caso ejemplar ofrecido se refiere a bloqueos vinculados a LaLiga, entidad que gestiona los derechos audiovisuales del fútbol profesional en España y que, según la denuncia, habría ordenado el confinamiento de direcciones IP utilizadas por miles de páginas legales, sin pronunciarse públicamente ni asumir responsabilidades sobre las consecuencias de tales acciones.

La repercusión de estos bloqueos en derechos fundamentales ha sido descrita en el texto parlamentario presentado por Sumar. El partido considera desproporcionado que la protección de intereses comerciales asociados a los derechos deportivos derive en una afectación tan extensa sobre la ciudadanía y el funcionamiento normal de Internet. Destacan la preocupación de que el objetivo de combatir la piratería digital no justifique la alteración de servicios legítimos ni el impacto sobre libertades individuales. Según publicó Europa Press, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, expresó en redes sociales: “El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la ‘piratería’ no justifica estos abusos”.

Ante estas circunstancias, según informó Europa Press, Sumar reclama la creación de un sistema de supervisión y control que garantice la transparencia en la ejecución de bloqueos y evite la aplicación masiva e indiscriminada de restricciones de acceso. El partido insiste en que no existe evidencia concluyente sobre la eficacia de los bloqueos extensivos para frenar las retransmisiones ilegales, por lo que solicita al Gobierno la evaluación precisa de su impacto y la consideración de alternativas menos lesivas para terceros.

Dentro del cuestionario dirigido al Ejecutivo, Sumar plantea múltiples interrogantes sobre el conocimiento institucional del efecto real de los bloqueos sobre sitios legales y el acceso general a Internet en España. Preguntan si el Gobierno ha implementado medidas técnicas y jurídicas para supervisar la aplicación de estas restricciones y cuál ha sido su alcance; si existen mecanismos de transparencia y reparación para usuarios y empresas afectados por bloqueos indebidos; y si se solicitaron datos a LaLiga o a las operadoras sobre la duración, cobertura y consecuencias de estas órdenes, informó Europa Press.

El grupo parlamentario también requiere información sobre la disponibilidad de sistemas que permitan a los afectados impugnar los bloqueos, y si el Gobierno analiza la adopción de medidas complementarias, con el fin de equilibrar la protección de los derechos de los usuarios con la persecución de la piratería digital. Según publicó Europa Press, Sumar insiste en la necesidad de garantizar que la intervención legal mantenga los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a terceros, evitando que la prevención de delitos perjudique a la mayoría de los usuarios de la red. La petición de explicaciones por parte de este grupo político se vincula con el objetivo de mejorar la supervisión pública sobre las decisiones de entidades privadas y operadoras de telecomunicaciones en la ejecución de restricciones digitales ordenadas judicialmente.

De esta forma, las reclamaciones recogidas por Sumar reflejan una preocupación creciente sobre la protección de los derechos fundamentales en la era digital y la regulación de las medidas tecnológicas aplicadas en nombre de la lucha contra la piratería, en un contexto en que el acceso libre y abierto a Internet es percibido por amplios sectores sociales y empresariales como un pilar democrático y de desarrollo.