Estados Unidos sanciona a individuos y empresas de Irán y Venezuela, incluido el fabricante de drones Eansa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsabilizó a Irán y Venezuela por impulsar la presencia internacional de tecnología militar avanzada, centrándose en la comercialización global de sistemas armamentísticos y tecnología relacionada. Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense puso en marcha una serie de sanciones económicas que afectan tanto a individuos como a empresas de ambos países, entre ellas una compañía venezolana dedicada a la fabricación de aeronaves no tripuladas.

Tal como informó la propia OFAC, estas disposiciones incluyen a la Empresa Aeronáutica Nacional (Eansa), señalada por Washington de ensamblar drones del modelo Mohajer, diseñados por la firma iraní Qods Aviation Industries (QAI), para luego venderlos bajo la denominación ANSU. El medio oficial estadounidense precisó que Eansa habría obtenido importantes sumas de dinero por estas actividades. La acción regulatoria no solo afecta a la entidad corporativa, sino que involucra de forma directa a su máximo representante, José Jesús Urdaneta González, quien funge como presidente de la empresa venezolana.

Además de las sanciones contra Eansa, la agencia dependiente del Tesoro también actuó contra nacionales de Irán y Venezuela, así como contra otras compañías. De acuerdo con la información publicada por la OFAC, algunos de estos individuos están relacionados con el suministro de materiales explosivos y componentes propulsores para cohetes a Parchin Chemical Industries, una compañía iraní relevante en el sector armamentístico. Entre las consecuencias anunciadas, Washington dispuso la notificación obligatoria de todos los bienes que tengan relación con los sancionados y que se encuentren en Estados Unidos, tanto si la propiedad es directa como indirecta. Los activos identificados serán objeto de congelación inmediata por las autoridades.

La medida también contempla el control de aquellas entidades o patrimonios en los que las personas naturales o jurídicas sancionadas concentren al menos el 50% de participación, estableciendo una vigilancia especial sobre sus actividades financieras. Según reportó la OFAC, los procedimientos de sanción civil o criminal se activarán en caso de incumplimiento de estos lineamientos, abarcando no solo a los individuos y entidades señalados, sino también a terceros que les proporcionen servicios definidos como críticos bajo la normativa. Esto incluye, de manera específica, a instituciones financieras y personas físicas que faciliten la operativa o provean recursos a los sancionados.

La advertencia de Washington se extendió hacia quienes presten servicios de apoyo significativo a esas empresas, alertando sobre las consecuencias jurídicas que podrían enfrentar. El subsecretario del Tesoro para la Inteligencia Financiera y Antiterrorismo, John Hurley, expresó mediante un comunicado recogido por la OFAC: “El Tesoro responsabiliza a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva y temeraria de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas decididas para arruinar a quienes permiten que el complejo militar-industrial iraní acceda a nuestro sistema financiero”.

El Departamento del Tesoro acusó a Teherán y Caracas de fomentar redes para la dispersión de armamento y tecnologías asociadas, y subrayó el impacto de la colaboración entre empresas de ambos países en la cadena de suministro de sistemas de defensa y tecnologías de doble uso. Según consignó la OFAC, la colaboración entre Qods Aviation Industries y Eansa representa un flujo importante de recursos y conocimientos que apuntala capacidades tecnológicas de uso militar, en un contexto que Estados Unidos considera de alto riesgo para la seguridad internacional.

Entre las advertencias publicadas por la dependencia estadounidense se incluyó un recordatorio expreso sobre las consecuencias legales para quienes desafíen las disposiciones de las sanciones. Además, la agencia señaló que cualquier operación que implique la transferencia de materiales o asistencia financiera a las entidades y personas señaladas quedará bajo inspección y posibles futuras penalizaciones. Según subrayó la OFAC, el proceso sancionador podrá extenderse tanto en el ámbito civil como penal, dependiendo de la gravedad del involucramiento en operaciones prohibidas.

El alcance de estas sanciones tiende a limitar el acceso de los señalados a activos y sistemas financieros internacionales gestionados o regulados desde Estados Unidos. La OFAC, a través de su sistema de monitoreo, busca identificar y neutralizar mecanismos de apoyo material que contribuyan a la fabricación, distribución o comercialización de armas, tecnología y componentes susceptibles de fortalecer las capacidades militares en Irán y Venezuela. La inclusión de Eansa y su presidente, así como de otros individuos y empresas, en la lista de restricciones estadounidenses responde, según la agencia, a la necesidad de limitar los canales de comercialización y las fuentes de ingresos para estos actores.

El medio norteamericano detalló, además, que Washington mantiene una política activa de actualización y revisión de las listas de personas y entidades sancionadas, ajustando sus estrategias y medidas de control conforme evolucionan las formas de cooperación tecnológica y militar identificadas. Aunque la OFAC no precisa públicamente el universo total de bienes susceptibles a congelación, las disposiciones legales impulsadas buscan evitar cualquier acceso o transferencia de recursos desde el sistema financiero estadounidense hacia las entidades y personas sujetas a sanción.

En resumen, la coordinación de acciones entre la OFAC y el Departamento del Tesoro se orienta al bloqueo de operaciones comerciales y financieras que, según la visión oficial, alientan la proliferación y el uso de tecnología militar avanzada, al tiempo que busca disuadir a aliados y terceros internacionales de comprometerse en actividades sancionadas bajo la legislación de Estados Unidos.