La idea de destinar los 20 millones de euros asociados a la Estrategia Nacional del Lobo a la Fundación Biodiversidad generó rechazo en el sector ganadero, que consideró la medida un intento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de canalizar fondos hacia grupos ecologistas y animalistas, según declaraciones recogidas por Europa Press. En ese contexto, persiste una situación que tanto organizaciones ecologistas como entidades agroganaderas describen como una “calma tensa” y un “limbo o laberinto legal”, mientras España demora el envío a la Comisión Europea del informe sexenal sobre la situación del lobo ibérico. Esta demora coincide con una serie de recursos judiciales contra los distintos planes autonómicos de gestión de la especie, además de la controversia derivada de la reciente Ley de Desperdicio Alimentario.
Tal como publicó Europa Press, la gestión del lobo ibérico se mantiene en el centro de un enfrentamiento en el que intervienen ONG, asociaciones de ganaderos, gobiernos autonómicos y la Administración central. La protección del lobo ha sido motivo de debate político desde su inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La polémica resurgió tras la aprobación a finales de marzo de 2025 de la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica reducía la protección de la especie. Este cambio legislativo impulsó recursos judiciales y renovó las diferencias en torno a cómo gestionar la población de lobos, especialmente en las regiones donde la especie está más extendida.
De acuerdo con Europa Press, la posición del Ministerio para la Transición Ecológica ha sido fundamentar la protección especial del lobo en el número de manadas presentes en el país. Según los datos facilitados por las comunidades autónomas, el censo actual contabiliza 333 manadas, cantidad que, según fuentes del Ministerio, resulta insuficiente para que la especie se considere viable en el conjunto del territorio nacional, ya que se necesitarían unas 500 manadas para ello. Esta valoración de la viabilidad de la especie constituye uno de los principales puntos de fricción con las autoridades autonómicas, que sostienen que, en sus territorios, la recuperación de las poblaciones ha superado los límites imposibles anteriormente y se registra cada año un aumento de ejemplares.
El medio también señaló que el departamento encabezado por Sara Aagesen, secretaria de Estado de Medio Ambiente, alude a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en 2024, que interpreta que si una especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable en una sola parte del territorio, esa situación debe aplicarse a toda España. Este principio legal se utiliza para justificar la protección que impide los denominados “controles letales” del animal, a pesar de la presión de determinadas comunidades autónomas conocidas como “loberas”, que defienden la gestión activa de las poblaciones.
En paralelo, la ley recientemente aprobada obliga a que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, formada por representantes autonómicos y estatales, apruebe previamente los informes sexenales que España debe enviar a Bruselas. Aunque la normativa europea no obliga a obtener ese visto bueno, la disposición está siendo objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, tal como informó Europa Press. Las tensiones provocadas por esa disposición han aflorado en las últimas conferencias sectoriales de junio y julio de 2025, calificadas como “broncas” por fuentes autonómicas y tras las cuales el Ministerio para la Transición Ecológica no convocó nuevas reuniones en lo que va de curso político.
Europa Press también reportó que, pese a que el envío del informe sexenal era obligatorio antes de agosto de 2025, el Gobierno aún no ha remitido los datos a la Comisión Europea. El portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, confirmó que no han recibido los informes relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, justificando la demora en la necesidad de revisar algunos datos pendientes.
El conflicto se ha trasladado a los tribunales a raíz de los planes autonómicos para la gestión del lobo posterior a la Ley de Desperdicio Alimentario. Europa Press detalló que Ecologistas en Acción participa en los recursos presentados contra las normativas de Cantabria, Asturias y La Rioja. Theo Oberhuber, portavoz de la organización, explicó al medio que en Galicia se han admitido medidas cautelares y se suspendieron controles autorizados sobre el lobo, mientras que en La Rioja la justicia permitió una caza en la Reserva Regional de Caza Cameros Demanda, decisión también recurrida por la ONG. Además, Ecologistas en Acción mantiene una queja abierta ante la Comisión Europea contra la Ley de Desperdicio Alimentario por supuestos incumplimientos de la Directiva Hábitats y aguarda respuesta.
El portavoz de Ecologistas en Acción expresó a Europa Press su frustración por el hecho de que, a pesar de emplear la misma argumentación legal —la ausencia de un estado de conservación favorable para el lobo— los tribunales no resuelven de manera homogénea los recursos presentados. Según su relato, “judicialmente uno lo acepta, otro no, es bastante ilógico”. La base jurídica común se apoya en la interpretación del artículo 14 de la Directiva Hábitats, que impediría autorizar controles cuando no se acredita el estado de conservación favorable.
Por su parte, Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, señaló al medio que la única novedad relevante ha sido la recepción de una carta de la Comisión Europea “en la que confirmaba a un parlamentario del PSOE, César Luena, que cazar lobos en estado de conservación desfavorable es ilegal”. No obstante, aclaró que el pronunciamiento no ha generado, hasta el momento, cambios o consecuencias prácticas en las decisiones judiciales o administrativas.
El Tribunal Constitucional sigue pendiente de pronunciarse sobre los recursos presentados contra varias disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario, muchas de ellas cuestionadas por su impacto sobre la protección del lobo. Los grupos ecologistas, según reiteró Europa Press, también esperan la resolución de la Comisión Europea sobre los supuestos incumplimientos de la normativa comunitaria.
Desde el sector agroganadero, las organizaciones han mostrado un desacuerdo notorio con las políticas defendidas por el Gobierno y con la participación de ONG en la gestión de fondos destinados al lobo. Según Lorenzo Silva, coordinador de la COAG en Castilla y León, los ganaderos rechazan que los recursos se asignen a la Fundación Biodiversidad con la finalidad de involucrar a entidades ecologistas, calificándolo como una fórmula “encubierta” para financiar a estos colectivos. Además, denunciaron ante Europa Press la existencia de un “limbo o laberinto legal” sobre la especie.
Representantes del sector ganadero han manifestado que no buscan erradicar el lobo, sino que exigen mecanismos de control poblacional, destacando que España alberga actualmente más lobos que cualquier otro país de Europa y que en Castilla y León existen más ejemplares que en toda Francia. Argumentan que otros países europeos han autorizado medidas de control y plantean que la “situación resulta inadmisible”.
La gerente de ASAJA Asturias, Geri González, por su parte, declaró a Europa Press que su organización planea verificar los datos que el Ministerio para la Transición Ecológica envíe finalmente a Bruselas. La representante recordó que en 2022 ya había advertido a la Unión Europea que los datos proporcionados por el Gobierno español eran “obsoletos” y subrayó que ASAJA continúa informando a las instituciones comunitarias sobre los problemas que, según defienden, padecen por la situación actual del lobo.
En este contexto, España acumula no solo recursos judiciales y reclamaciones ante organismos europeos derivados de las diferencias entre sectores ecologistas, agroganaderos y administraciones, sino también el retraso en la remisión de información clave a las autoridades de la Unión Europea. Las posturas permanecen enfrentadas, mientras la gestión de la especie y su estado de conservación sigue sujeta a debate público, resoluciones judiciales pendientes y decisiones administrativas en proceso de definición, según la información recopilada por Europa Press.
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