Trasladado a nueva cárcel el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas

La defensa de Jorge Glas sostiene que la difusión de imágenes del exvicepresidente ecuatoriano en su nueva reclusión con comentarios públicos que consideran denigrantes contraviene de manera directa las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mediados de octubre, cuyo objetivo es salvaguardar su integridad física y dignidad. Según informó el diario ‘Primicias’, la abogada de Glas, Sonia Gabriela Vera, denunció ante la opinión pública que la reciente reubicación del exfuncionario ha ocurrido sin la notificación previa correspondiente a la defensa y en abierta desobediencia a disposiciones internacionales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comunicó el lunes el traslado de Jorge Glas desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil hacia la prisión denominada Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La razón oficial señalada para este cambio, de acuerdo con la publicación del propio mandatario en la red social X (antes Twitter), radica en la estrategia gubernamental para incrementar la seguridad penitenciaria y responder al desafío del crimen organizado. Noboa expresó en su mensaje: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, adjuntando imágenes del traslado del exvicepresidente. Además, agregó que “los primeros 300 PPL (personas privadas de libertad) más peligrosos ya fueron trasladados a la cárcel del Encuentro” y remarcó que “el crimen quiso desafiar a Ecuador y empezar su campaña. Hoy, Ecuador le respondió con hechos”.

Jorge Glas, quien se desempeñó como segundo mandatario en los gobiernos de Rafael Correa en 2013 y de Lenín Moreno en 2017, cumple dos condenas en firme de seis y ocho años de cárcel, respectivamente, por delitos de cohecho y asociación ilícita relacionados con los casos Odebrecht y Sobornos. Según el medio ‘Primicias’, además existe una sentencia en primera instancia que le impuso trece años de prisión por el denominado caso Reconstrucción de Manabí.

La representante legal de Glas describió el traslado como un “acto de desacato y humillación” contra su defendido por parte del Ejecutivo. Según detalló la letrada en un comunicado difundido a través de X, la publicación de las imágenes y los comentarios asociados viola la “orden vinculante de la CIDH” que prohíbe cualquier trato que resulte incompatible con la dignidad humana y establece obligaciones adicionales al Estado ecuatoriano para proteger y respetar a las personas beneficiarias de medidas provisionales. Vera afirmó además que el Estado ha incurrido en una “transgresión grave y dolosa de la Convención Americana, de su Reglamento, y de los estándares internacionales sobre medidas provisionales y custodia estatal de personas en riesgo”.

En el mismo comunicado, Sonia Gabriela Vera señaló que el Gobierno ecuatoriano estaría utilizando el sistema carcelario como mecanismo de propaganda, lo que, a su juicio, constituiría un ejemplo de tortura psicológica institucionalizada, conducta expresamente proscrita en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La letrada subrayó que no fue informada formalmente sobre el traslado, lo que refuerza su denuncia de inobservancia de las garantías legales y del debido proceso.

El medio ‘Primicias’ reportó que las autoridades ecuatorianas han llevado adelante el movimiento de internos más peligrosos hacia el nuevo centro penitenciario a raíz del endurecimiento de las medidas de seguridad en el contexto de intensificación del combate contra las estructuras criminales dentro del país. La administración de Noboa argumenta que el cambio de ubicación de privados de la libertad como Glas busca neutralizar cualquier tentativa de articular actividades ilícitas desde las cárceles, desafío relevante ante el incremento de la influencia de las redes delictivas en los sistemas penitenciarios nacionales.

Como parte de la cobertura, ‘Primicias’ recordó que la CIDH ordenó al Estado ecuatoriano garantizar la vida e integridad personal de Jorge Glas, quien permanece bajo custodia y enfrenta múltiples procesos legales. El contexto político y jurídico del traslado añade mayor complejidad al seguimiento de las causas judiciales en curso y a las reacciones de organismos internacionales respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del gobierno ecuatoriano.