Cáritas atendió en 2024 a 550.000 migrantes en situación irregular, la mitad de todos los usuarios acompañados en España

El 47% de las personas atendidas por Cáritas en España en 2024 son migrantes en situación administrativa irregular, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra que no para de crecer desde 2019.

Así lo constata la Memoria Confederal de Cáritas que se ha presentado este miércoles y que revela que la organización invirtió 486,9 millones de euros en 2024 para acompañar a más de 2,1 millones de personas dentro y fuera de España.

Esta cifra invertida en sus diferentes recursos y proyectos dentro y fuera de España y en acciones de cooperación en terceros países, supone 469.084 euros (0,10%) más que el año anterior.

Gracias a estos recursos disponibles, Cáritas logró apoyar a 2.185.004 personas dentro y fuera de las fronteras de España. De ellas, 1.178.346 dentro de España y 1.006.658 en Cooperación Internacional.

A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las más de 4.933 Cáritas parroquiales son trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. En los programas de Acogida y Asistencia, el 80% de las ayudas que solicitaron las familias estuvieron relacionados con los pagos de los suministros o de los alquileres de sus viviendas, es decir, de sus necesidades básicas.

La organización recalca que, desde hace años, se ha constituido en una de las "escasas entidades" que recibe a las personas migrantes en situación administrativa irregular, ya sea que vienen derivadas directamente desde las entidades del sistema de acogida de emergencia, cuya protección varía entre 1 y 3 meses o que han llegado a España por una vía legal y segura, pero que sufren una irregularidad administrativa sobrevenida después de agotarse sus visados o de ser denegada su solicitud de asilo.

La acción social de Cáritas con las personas migrantes y refugiadas va desde la acogida, el acceso a derechos básicos, recursos y servicios hasta el trabajo orientado a la integración.

Se trata de procesos a medio y largo plazo, de entre 1 y 2 años, que requieren un acompañamiento integral muy individualizado y en el que intervienen varios programas simultáneos (acogida y asistencia, vivienda, mujer, empleo, educación, servicio jurídico, etc).