El rey emérito Juan Carlos no acude a una demanda de conciliación en un juzgado en España

Santander (España), 16 may (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I no acudió este viernes a un acto de conciliación en un juzgado en España, aunque se encuentra en el país, en el que estuvo representado por su abogada en un caso por su derecho al honor ante unas críticas de un político español.

El que fuera jefe de Estado en España de 1975 a 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, está esta semana en la localidad española de Sanxenxo por una competición de vela, aunque reside en Abu Dabi.

El expresidente de la región española de Cantabria Miguel Ángel Revilla sí acudió al juzgado en Santander (norte) y no se retractó de sus palabras por las que el ex jefe de Estado le exige una rectificación y 50.000 euros al considerarlas "injuriosas y calumniosas".

Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), estuvo acompañado por su letrado, José María Fuster-Fabra.

Durante el acto, que terminó sin acuerdo, la defensa de Revilla argumentó que su cliente "no puede decir que ha mentido", como solicita la parte demandante, porque lo que hizo fue verter "una serie de opiniones críticas" en base a "unos hechos de los que es evidente que él no tiene conocimiento por sí mismo", sino por medios de comunicación.

En respuesta a este argumento, la abogada de Juan Carlos I, Gualadupe Sánchez, alegó que las informaciones periodísticas "no son sentencias judiciales" y que la jurisprudencia exige una base fáctica en la que se sustenten los juicios de valor: "No todo vale en la contienda política".

El acto, que duró menos de 15 minutos, se produce después de que el rey emérito anunciara el pasado abril una demanda por derecho al honor contra el expresidente por "expresiones calumniosas e injuriosas" vertidas contra en él en diversos medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025, cuando el acusó de corrupto.

La abogada del rey emérito reclama a Revilla una rectificación pública y por los mismos medios de dichas manifestaciones y una indemnización de 50.000 euros por daños morales, que de ser abonados, serán donados a Cáritas, una entidad benéfica de la Iglesia católica.

Con carácter previo a la interposición de esta demanda, la abogada pidió celebrar un acto de conciliación para evitar el litigio ante los tribunales. EFE

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