El Gobierno de Meloni impugna una ley regional que regula el suicidio asistido

Roma, 9 may (EFE).- El Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció este viernes que impugnará una ley de la región Toscana (norte) que regula el suicidio asistido, único caso del país.

El Ejecutivo considera que esa legislación contraviene el artículo 117 de la Constitución, que concede al Estado la competencia "exclusiva" del ordenamiento civil y penal y de la prestación de derechos civiles y sociales en todo el territorio nacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta impugnación a propuesta del titular de Asuntos Regionales y Autonomías, Roberto Calderoli, del partido ultraderechista Liga y socio de Meloni.

El pasado febrero, la región italiana de la Toscana, gobernada por el centroizquierda, se convirtió en la primera del país en regular el suicidio asistido, colmando un vacío legislativo a escala nacional seis años después de que el Tribunal Constitucional lo pidiera.

El proyecto de ley aprobado por el parlamento toscano había sido presentado por iniciativa popular por la 'Asociación Luca Coscioni', especializada en derechos civiles, y en su texto aclara los plazos y modos en los que un ciudadano puede reclamar el 'suicido asistido'.

El Tribunal Constitucional había despenalizado en 2019 esta práctica en caso de que el paciente fuera consciente y sufriera una patología irreversible con "sufrimientos físicos y psicológicos intolerables", entre otros supuestos.

La corte emplazó al Parlamento nacional a colmar este vacío legal pues, hasta entonces, el suicidio asistido podía acarrear penas de hasta 12 años de cárcel, si bien nunca lo ha hecho.

La ausencia de una ley nacional ha obligado en los últimos años a las distintas regiones italianas a estudiar cada caso que se les presentaba de forma individual, lo que suponía un obstáculo, mientras que numerosos pacientes han tenido que acudir a Suiza.

La ley aprobada hoy prevé que las autoridades sanitarias toscanas deban asegurar que el proceso para recurrir al 'suicidio asistido' en un plazo máximo de 54 días y articula los organismos que deberán dirigirlo, entre otras disposiciones.

La asociación 'Provita e Famiglia' (Provida y Familia) ha celebrado la decisión del Gobierno de Meloni. EFE