El Gobierno de Perú no descarta ampliar el estado de emergencia en Lima y ceder al Ejército el control interno

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha reconocido este martes que el Gobierno está "evaluando" la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia que rige en varios distritos de lima y Callao para hacer frente a la inseguridad, a la par que ha apuntado a la posibilidad de ceder a las Fuerzas Armadas las competencias del control interno en estas zonas.

"Como consecuencia de los actos de violencia, hemos declarado 14 distritos en emergencia en la ciudad de Lima y el Callao. Si no es suficiente, ampliaremos la declaratoria de emergencia a otros distritos donde las condiciones de inseguridad se pronuncien de manera significativa", ha manifestado ante la prensa.

Así las cosas, Adrianzén ha señalado que por el momento el Gobierno ha dispuesto un estado de emergencia donde la seguridad sigue corriendo a cuenta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas "apoyan", pero ha reconocido que se seguirá evaluando la situación para variar este reparto de competencias si es necesario.

"son hechos que no descartamos y estamos evaluando, de la misma manera como estamos evaluando la ampliación del estado de emergencia a otros distritos", ha resumido el primer ministro peruano, que ha reconocido que los resultados sobre los índices de criminalidad "son buenos" desde que se decretó la medida, pero "no son los mejores".

"No dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", ha remachado Adrianzén, según recoge la emisora de radio RPP.

El Gobierno de Perú declaró a finales de septiembre el estado de emergencia en varios distritos del país, la mayoría de ellos en Lima y uno en Callao, durante 60 días "tras una exhaustiva investigación" y con el fin de combatir la inseguridad generada por delitos de extorsión contra empresas de transporte.

Durante este periodo la Policía Nacional se encargará de mantener el orden con apoyo del Ejército, y se presentará al Congreso un proyecto de ley que tipifica como delito de terrorismo urbano el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas ilegales.

Estas medidas han coincidido con una huelga de 24 horas de transportistas que ha tenido lugar en Lima y Callao en protesta por la ola de extorsiones. Ante esta situación, alrededor de 15.000 policías han sido desplegados en la capital.