Londres, 21 may (EFE).- Los nuevos poderes para la intervención de la policía británica en protestas, otorgados el año pasado por el Gobierno, son ilegales, dictaminó este martes el Tribunal Superior de Londres tras la acción legal interpuesta por la organización defensora de las libertades civiles Liberty.
El grupo acudió a los tribunales contra el Ministerio de Interior después de que las medidas redujeran el umbral necesario para que se produzca una intervención policial en una protesta.
Las autoridades impusieron las medidas por decreto después de que fracase su intento para que el Parlamento aprobase una enmienda a la Ley de Orden Público, que daba más poder a la Policía.
Con esa enmienda, el Ejecutivo quería facilitar a las fuerzas del orden la flexibilidad para actuar ante situaciones como el bloqueo de carreteras por parte de diversos grupos, como los ecologistas.
El pasado febrero, Liberty pidió a la citada corte que considerase ilegales las disposiciones del Ministerio de Interior.
Al dar este martes la razón a la organización, los magistrados resaltaron que Interior actuó fuera de sus poderes al reducir el umbral y no llevó a cabo un proceso de consulta justo.
"La consulta debe garantizar que la decisión sea de alta calidad y que se ha alcanzado de manera justa. Llegamos a la conclusión de que la justicia requiere un enfoque equilibrado, no unilateral, y que el procedimiento adoptado no fue justo", agregaron.
Tras conocerse el dictamen, la directora de Liberty, Akiko Hart, dijo que se trata de una "gran victoria para la democracia y establece un hito importante para demostrar que el Gobierno no puede salirse de la ley para hacer lo que quiera".
"Todos tenemos derecho a hablar sobre los temas en los que creemos y es vital que el Gobierno respete eso", añadió.
"Estos poderes peligrosos fueron rechazados por el Parlamento, pero aún así se colaron por la puerta trasera con la clara intención de detener a manifestantes con los que el Gobierno no estaba personalmente de acuerdo, y estaban redactados de manera tan vaga que significaron que se le dio a la policía poderes casi ilimitados para reprimir también cualquier otra protesta", añadió.
"Este dictamen envía un mensaje claro de que la rendición de cuentas importa y que quienes están en el poder deben tomar decisiones que respeten nuestros derechos", puntualizó. EFE
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