La Compañía de Jesús en Honduras repudia la confiscación de la UCA en Nicaragua

Tegucigalpa, 16 ago (EFE).- El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, de la Compañía de Jesús en Honduras, repudiaron este miércoles "el cierre" y la "incautación de bienes inmuebles" de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.

"Repudiamos las acciones contra la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, nuestra hermana obra jesuita", indicaron Radio Progreso y el ERIC, de los jesuitas.

Señalaron que esos actos "solo dejan precaria la democracia y el derecho al acceso de la educación nicaragüense donde se expresa el daño que se le hace al pensamiento y conocimiento que debe prevalecer en toda sociedad".

La Compañía de Jesús expresó su "solidaridad con los hermanos jesuitas, personal docente, administrativo y a la comunidad estudiantil por las constantes agresiones y amenazas que han recibido por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo".

"Exigimos que se esclarezcan las acusaciones infundadas que han llevado a esta deplorable decisión del gobierno nicaragüense a la incautación de bienes inmuebles de la institución (de la UCA) y el cierre de la misma", añadió.

CONSECUENCIAS LEGALES INTERNACIONALES

La Compañía de Jesús en Honduras indicó que esas acciones "atentan contra el Estado de derecho y forma parte de la sistemática violación de los derechos humanos que traspasa de las puertas del centro universitario a toda la población que ha resistido ante los embates y atropellos a su dignidad humana por parte de las autoridades gubernamentales".

Agregó que los "daños" contra el personal, estudiantes y jesuitas de la UCA serán "responsabilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en el futuro traerá consecuencias legales internacionales".

Exigió además que "se haga justicia y se restablezca la vida universitaria para el beneficio de los estudiantes y para que la Compañía de Jesús siga llevando su servicio educativo en este país hermano".

La Compañía de Jesús en Honduras indicó que "urge encontrar soluciones donde impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de los derechos humanos" para los nicaragüenses.

La Justicia de Nicaragua ordenó a la (universidad) jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, informó este miércoles la institución educativa.

"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la casa de estudios en un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE.

La universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de este miércoles "todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad".

Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.

San José, 16 ago (EFE).- Opositores y críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega condenaron este miércoles la "confiscación" de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, en la que estudió brevemente el mandatario en su juventud.

"Deploro, lamento, me opongo al asalto del gobierno de Ortega y (Rosario) Murillo, no sólo sobre la vida de los nicaragüenses, sino sobre el alma del país con el despojo de sus centros de pensamiento, de educación, de arte. Condeno la confiscación de la UCA. Urge resistir", escribió la escritora nicaragüense Gioconda Belli en Twitter.

Para la novelista, que fue desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses, "el gobierno de ORMU (Ortega Murillo) es el más irracional, destructivo, mediocre y generador de mediocridad, falso, y contra todos, dedicado a descabezar a Nicaragua de su inteligencia, su historia, su libertad de expresión, su religión, sus tradiciones y arrancarle el corazón".

La Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, ordenó a la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua.

OBISPO: DESPRECIO POR LA LIBERTAD INTELECTUAL

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, exiliado en EE.UU. y también desnacionalizado, Silvio Báez, calificó en un tuit de "indignante la injusta e ilegal confiscación de la UCA de parte de la dictadura sandinista".

"Demuestran así su desprecio por la libertad intelectual, la educación de calidad y el pensamiento crítico. Cada día se hunden más en su irracionalidad, su maldad y su miedo", sostuvo.

Por su lado, el dirigente opositor Félix Maradiaga dijo en un mensaje que "el reciente ataque de la dictadura" contra la UCA "es una acción sumamente grave, que representa un golpe a la educación y la libertad de pensamiento en Nicaragua".

"En estos momentos de oscuridad para la educación y la libertad académica en Nicaragua, es crucial movilizar el apoyo internacional a la UCA", abogó Maradiaga, también privado de su nacionalidad.

"GOLPE DEFINITIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR"

Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la incautación de bienes a la UCA "se trata de un robo a la comunidad universitaria y (un) golpe definitivo a la educación superior en el país, pues a la fecha son al menos 27 universidades las cerradas y confiscadas".

Según esa ONG, "el régimen ha convertido a Nicaragua en un estado totalitario, en donde a toda costa quiere, de forma absoluta, controlar los espacios educativos, de pensamiento y democráticos, así como cualquier expresión cívica para asegurarse como la dictadura que es".

Ese Colectivo, integrado por activistas en su mayoría exiliados en Costa Rica, consideró que el propósito del régimen "es imponer un modelo de enseñanza y de pensamiento único", por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional "para que tome todas las medidas posibles ante tantas violaciones a los derechos humanos del pueblo de Nicaragua que exige justicia, libertad, verdad y no repetición".

Movimientos estudiantes y políticos también condenaron el cierre de la UCA.

ORTEGA ESTUDIÓ 10 MESES EN LA UCA

En esa universidad jesuita, fundada en 1960, Ortega estudió por 10 meses la carrera de Derecho, la que abandonó para incorporarse en la lucha armada contra la dictadura de los Somoza (1937-1979).

Dos hijos del mandatario, Daniel Edmundo y Juan Carlos, ambos Ortega Murillo, se graduaron de Sociología y Comunicación Social, respectivamente, de esa casa de estudio.

Otro de los hijos, Maurice, estudió un par de trimestres la carrera de Economía Aplicada, pero antes de finalizar el primer año se retiró para estudiar Cine y Producción Audiovisual fuera de Nicaragua.

La universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de este miércoles "todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad".

Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.