San Salvador, 8 jun. El abogado de seis líderes comunitarios detenidos y acusados de asesinar a una mujer en 1989 en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), Denis Muñoz, solicitó nuevamente este jueves que sus defendidos salgan de prisión y continúen el proceso penal que enfrentan en libertad.
El letrado presentó ante un juzgado de Instrucción del centro del país un recurso para revertir la situación de detención provisional, por razones de salud, de los líderes comunitarios, según informó la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Martes (ADES).
La entidad no gubernamental señaló que "hace tres meses se hizo la misma solicitud" ante dicha corte y "fue rechazada".
ADES recordó que las Naciones Unidas, por medio de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, pidió el pasado 16 de mayo la libertad de los defensores ambientales, pero "el Estado no ha respondido", aseguró.
Agregó que habitantes de la comunidad Santa Marta, de donde son originarios los detenidos, y ADES "han advertido sobre los peligros que enfrentan los lideres comunitarios encarcelados".
Son ocho los señalados en este caso, de los que se encuentran detenidos seis individuos por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los seis detenidos procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Cienfuegos se encuentra "ausente" en el proceso y otro de los acusados vive en Estados Unidos.
La comunidad Santa Marta, ubicada en el central municipio de Victoria del departamento de Cabañas, fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Dicha comunidad también empujó por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa. EFE
sa/jrh
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